Guiñazú Mariani, de vuelta en las aulas

Las aulas de la Universidad Nacional de La Pampa ya le dan abrigo a una docente que reivindica a la última dictadura militar: María Antonieta Guiñazú Mariani está de vuelta.
El miércoles se reincorporó en sus funciones y tomó exámenes de las cátedras que tiene a cargo, luego de una licencia con la que intentó zafar del escándalo que provocó el 24 de marzo del año 2009, cuando en la sede de la calle Gil intervino para rechazar una muestra organizada por sectores vinculados a los Derechos Humanos y por instituciones estatales.

La inexistencia de un reglamento de juicio académico -un tema que justamente el miércoles se aprobó en el Consejo Superior- impidió que fuera juzgada por su conducta.

En la Justicia, pese al procesamiento en primera instancia, Guiñazú Mariani se salvó porque la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó el procesamiento. Aunque la causa regresó al Juzgado Federal de Santa Rosa, que si colecta más pruebas podría adoptar una decisión.

El regreso

Guiñazú Mariani apareció en la UNLPam para tomar exámenes. Su protagonismo ya es inevitable: desde el día en que agredió a un familiar de desaparecidos y estudiantes quedó en el centro de la escena.

El episodio ocurrió el 23 de marzo de 2009 cuando empleados del Concejo Deliberante instalaban la muestra de fotos de desaparecidos pampeanos en el hall universitario. La docente se acercó y les dijo que “la verdad hay que contarla completa”. También calificó a las víctimas de “asesinos, guerrilleros y ponebombas”. Además de insultarlos, dijo que los desaparecidos “están todos bien muertos”.

Al día siguiente volvió a la muestra para arrancar las fotos. Rompió dos.

La denuncia judicial contra Guiñazú Mariani la formuló Leonardo Avendaño, uno de los empleados que recibió la provocación. Otros tres salieron de testigos. Luego se sumaron la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa y de la Nación.

En primera instancia, el Juzgado Federal procesó a la docente por apología del crimen y daño calificado. Destacó que la reivindicación de la dictadura no se limitó a “una mera defensa verbal”, sino que incluyó “actos físicos concretos”, como “romper las fotografías”.

“Libertad”

Después, la Cámara de Bahía Blanca revocó el procesamiento. Ángel Alberto Argañaraz y Augusto Enrique Fernández consideraron que la docente ejerció el derecho a expresar libremente las ideas.

Enmarcaron el exabrupto en “la conocida discusión sobre la teoría de ’los dos demonios’”. El juez Argañaraz sostuvo que el comportamiento es “censurable” pero no delictivo porque no afecta “la tranquilidad pública” ni tiende a “debilitar el sentido moral de la sociedad”.

Consideró que entre quienes instalaban el memorial y la señora que reivindica las muertes existen sólo “diferencias de posición”. Son “opiniones distintas sujetas a discusión, aunque una de ellas no fuera reconocida por el gobierno democrático actual”.

El juez Ricardo Planes votó en disidencia. Destacó que los jueces no son “comisarios de opiniones”, consideró que reivindicar “la dictadura estuvo bien” se enmarca en la libertad de expresión y en todo caso podría tener “consecuencias académicas”.

Planes fijó un límite en la frase “están bien muertos”. Desde el juicio a los ex comandantes se probó “una conducta criminal desplegada de modo colectivo a connacionales”, recordó, y concluyó que “el elogio o exaltación” de los delitos concretos, para peor “haciendo elogio de la crueldad”, constituye apología del crimen.

Fernández adhirió al voto de Argañaraz. Y dijo que la profesora está entre las “minorías disidentes, especialmente desprotegidas frente a la natural tendencia de las mayorías a silenciar al que ataca”. Calificó la justificación de los crímenes como “una idea”. “Si una idea ofende, escandaliza o irrita, la solución no es silenciar a quien la predica, sino tratar de persuadirlo de que está equivocado”, sostuvo.

Agregó que la apología del crimen “requiere la difusión”, que para el juez no existió en el caso de Guiñazú Mariani, pues sólo se expresó en una discusión privada ante tres testigos.

Sobre arrancar fotos de desaparecidos, los tres jueces coincidieron: destacaron “falta de precisión” del sereno y ordenaron repreguntarle: “¿En qué consiste la rotura de las fotografías?”.

El titular del INADI en nuestra provincia, Santiago Ferrigno, lamentó ese fallo: “Es bastante sorprendente. Siempre dentro de la ley, los jueces fallan también de acuerdo a su formación y su visión de las cosas. Y la Cámara es conservadora, por llamarla de alguna manera, y es probable que eso tenga algo que ver”.

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