A poco menos de un mes de las primarias en Salta, Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero se trenzaron en una guerra de denuncias y acusaciones que elevaron al máximo la temperatura de la campaña para las primeras elecciones del año en Argentina, el próximo 12 de abril.

En medio de la guerra de acusaciones, esta semana el oficialismo exprimió al máximo un pedido de desafuero de Romero realizado por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito. La presentación, realizada ante el Juzgado de Garantías Nº 4 a cargo del juez Diego Rodríguez Pipino, se dio a partir de una nueva ausencia de Romero a una audiencia de imputación, la semana pasada.

La fiscal Mónica Poma explicó que los abogados de Romero reiteraron “planteos de citaciones anteriores, de recusaciones en mi contra y del equipo de fiscales que está a cargo de la investigación". No obstante, en su visión esas presentaciones "no impiden que continúe el trámite" de la causa.

A comienzos de mes, la defensa de Romero presentó una apelación en contra de la imputación de la Fiscalía, que sostiene que el ex mandatario provincial acumuló activos por más de 200 millones de pesos durante los doce años que duró su gestión. La fiscal dice tener "importante documentación que indica que el enriquecimiento de Romero no se justifica con su función pública".

Entre las irregularidades, apuntan a una presunta propiedad de 3 hectáreas con una construcción de más de dos mil metros que pertenecería a Romero. El oficialismo sostiene que la “mansión” tiene un costo de unos 50 millones de pesos.

El sector de Romero respondió que se trata de “una campaña de difamación y persecución judicial”. “Esta acción obedece a que, tal como indican hoy algunos medios, nuestro candidato es el principal adversario a vencer por el oficialismo y el que logrará el cambio en la sociedad salteña, a la vez que abrirá el camino del diálogo y la concordia en todo el país a partir del 12 de abril próximo”, indicaron en una solicitada.

 Contraataque de Romero

Del lado de Romero (que será candidato del Frente Renovador pero que también tendrá el respaldo del PRO) no se quedan atrás con las acusaciones y esta semana empezaron a agitar nuevamente el caso de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni asesinadas en Salta en julio de 2011.

La noticia al respecto es que Jean Michel Bouvier, el padre de Cassandre, llegó a Salta para pedir la reapertura de la causa, nueve meses después de la condena a 30 años de prisión a Gustavo Lasi. Pero el fallo no confirmó a la familia de las víctimas y actualmente hay seis recursos de casación pidieron la revisión de la sentencia. Bouvier pretende elevar a 35 años la condena a prisión.

Al mismo tiempo, aprovecharon la publicación del libro “Doble Crimen” del periodista Maximiliano Rodríguez, que repasa minuciosamente el caso de las turistas. Rodríguez repasa las falencias policías, el "suicidio" del investigador Néstor Piccolo que desconfiaba de la versión principal de la causa, el ascenso de los policías que supuestamente resolvieron el caso y ahora están procesados por torturas, y las conexiones con el poder político que no se investigaron.

“El juicio confirmó que lo que se le dijo tres años antes a la opinión pública desde el poder político y desde el Poder Judicial, como así también desde el Ministerio Público, era falso”, dijo Rodríguez al portal Cuarto Poder.

El periodista recordó el caso de los dos acusados que fueron declarados inocentes en el juicio, después de tres años en los que “se le vendió a la sociedad salteña que ellos eran los culpables”. “Como contrapartida de esa impunidad, al juez que hizo eso se lo ascendió. Se le dio una responsabilidad mayor, un sueldo mejor y un mejor pasar. El fiscal que acusó, Eduardo Barrionuevo, también fue ascendido, hoy es juez, ascendido por el mismo gobernador”, completó.

Finalmente, ayer el frente de Romero denunció una “campaña sucia y violenta llevada adelante por el gobernador y sus partidarios”. En una solicitada, destacaron la agresión que sufrió el ex concejal Carlos Marín, que fue atacado por un grupo de personas que realizaba una pegatina y fue dejado en coma farmacológico. También mencionaron otros episodios de violencia en la campaña. “Les pedimos que usen la cabeza para hacer y gestionar, en lugar de las manos para golpear”, completaron.