La querella ante la Audiencia Nacional de España tiene como acusados a cinco abogados del gobierno de George W. Bush, uno de los cuales es ahora magistrado federal vitalicio. Ellos dieron cobertura legal a los torturadores al justificar los maltratos siempre que no causaran minusvalía o muerte.El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, abrió una investigación preliminar de sólo diez casos en los que agentes de la CIA supuestamente sobrepasaron esos laxos parámetros, sin señalar a quienes dieron la orden. Pero bajo el proceso que llevan los jueces españoles Baltasar Garzón y Eloy Velasco, Holder debe responder a una comisión rogatoria, cuál fue su papel en la autorización de las torturas.

"Al Departamento de Justicia le preocupa que las respuestas puedan avivar la investigación", dijo Scott Horton, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia. Obama preferiría no agitar el avispero político, pero la causa española respalda a las ONG que reclaman a Obama una defensa enérgica de los derechos humanos. Según Horton, detrás de la causa no está "España" como gobierno, sino sus tribunales. La investigación irrita también al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que está en campaña para recuperar los vínculos trasatlánticos. El problema es que las pruebas de tortura son irrefutables, incluso para el gobierno de Obama, y si EE.UU. se niega a ir más allá, los tribunales de España u otros países podrán tomar los casos.