Matías Morales

Como consecuencia de la incapacidad del Estado mexicano de brindar seguridad a sus ciudadanos, se fueron conformando a lo largo del país grupos armados de autodefensa. Diferentes comunidades, cansadas de ser víctimas de las extorsiones y los asesinatos del crimen organizado, formaron comandos civiles fuertemente armados, con el objetivo de paliar la negligencia y la corrupción de las autoridades. En un primer momento, este fenómeno fue visto por la opinión pública como inevitable, y algunos funcionarios reconocieron el derecho de la población de ocupar los vacíos de poder que había dejado el Estado. Sin embargo, la falta de organización y el carácter improvisado de las patrullas hicieron que fueran rápidamente infiltradas por organizaciones criminales y utilizadas en pos de sus fines particulares. Por otro lado, esta práctica fue tomando fuerza y expandiéndose en desmedro de las instituciones, llegando a conformar 14 grupos en siete estados del país. Si bien no se inició una represión sistemática, se abandonó la política de tolerancia, buscando que la seguridad vuelva a ser un monopolio estatal, limitando y haciendo retroceder paulatinamente el accionar ciudadano en dicho sentido.

La preocupación general aumentó a medida que se fueron comprobando los nexos que tenían algunos integrantes de las autodefensas con el narcotráfico. El pasado 6 de marzo, la Procuraduría General de la República confirmó las relaciones que mantenían los 34 ciudadanos arrestados en Michoacán con el cártel Jalisco Nueva Generación. El armamento decomisado en dicho operativo estaba compuesto por decenas de escopetas y rifles de asalto. Al momento de la aprehensión, los criminales utilizaban máscaras y vestían remeras con la inscripción "Policía Comunitaria". La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había alertado sobre la peligrosidad del suceso, expresando "su preocupación por la existencia de grupos armados con intereses distintos a la autoprotección, que quebranten la estabilidad de las instituciones, debido a que existe una línea muy tenue entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares." A su vez, tanto el comandante de la Novena Región Militar de Guerrero, Genaro Lozano, como el comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, aseguraron que estos movimientos no son tan espontáneos como la gente piensa, y que detrás de ellos hay "una mano que mece la cuna", y que intenta sacar provecho de la situación.

Raúl Plascencia, ombudsman nacional, recorrió el municipio de Ayutla, una de las comunidades que cuentan con brigadas de autodefensa, para enterarse de las causas que obligaron a la población a tomar las armas. Si bien aseguró que no puede aprobar que los pobladores hagan justicia por su propia mano, declaró que "no hay una carretera adecuada ni posibilidades de desarrollo económico, pero sí una inseguridad que los tiene sometidos ante la delincuencia y que es consecuencia de un abandono de décadas". Muchas de estas comunidades instalaron retenes y puestos de control en las carreteras, por lo que, quienes se trasladan a través de ellas, deben detener su vehículo a la orden de personas encapuchadas sin saber si son agentes oficiales, fuerzas de autodefensa o narcotraficantes. Esta situación genera incidentes, como el que protagonizaron dos turistas que fueron heridos el pasado mes de febrero por fuerzas ciudadanas al entrar en pánico y negarse a ser registrados por enmascarados. «