Propietarios de comercios céntricos y sus empleados se manifiestaron esta mañana en la plaza 9 de Julio. Entregaron un petitorio en Casa de Gobierno para pedir que se revise la suba de Ingresos Brutos.
El reclamo de los comerciantes es retrotraer la alícuota de Ingresos Brutos a diciembre de 2013, antes de que tuviera el último aumento y la quita del diez por ciento por pago anticipado.
Norma Blanco, presidente de la Cámara de Comercio, fue la vocera frente a la puerta de Gobernación y se dirigió a las autoridades, explicando los motivos del reclamo.
Leyó un comunicado que presentaron en la Mesa de Entradas de Casa de Gobierno.
El ministro de Gobierno, Jorge Franco recibió el petitorio entregado en la sede gubernamental por un grupo de comerciantes y anticipó que le entregará el manifiesto elaborado por la Cámara de Comercio de la capital provincial, al gobernador Maurice Closs.
Franco consideró que “en este momento que les va bien, apelamos a la solidaridad de los miembros de la Cámara de Comercio de Posadas”, y reafirmó que “estamos contentos que les vaya bien a los comercios con compradores locales y extranjeros”.
Ante el reclamo mercantil, el funcionario recordó que “la misma Cámara de Comercio pidió más seguridad y les pusimos gratis cámaras de seguridad, pero para eso hay que recaudar”.
La marcha tuvo una marcada presencia de legisladores y concejales de la oposición, principalmente del radicalismo, que consideró “ilegítima” la suba de impuestos.
La UCR reiteró el pedido de derogación de la norma a través del Poder Legislativo, pedido realizado por el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, acompañado por el partido Agrario y Social, y Pro, y Trabajo y Progreso.
En el Gobierno recordaron que la masa salarial de los estatales, que se vuelca mayoritariamente al consumo, creció 379 por ciento desde 2007, pasando de 1.079 millones en 2007 a 5.169 millones a fines de 2013, a los que hay que sumar las paritarias que se avecinan y el aumento a los policías. En Misiones, se estima que, en valores constantes, el consumo popular superó en la década los 250 mil millones de pesos, en buena parte financiada por los recursos del Estado. Sin recaudación propia, los salarios deberían congelarse y el efecto sería letal en la facturación de los comercios.
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