Alarmados por la gripe A y con la incertidumbre que les provoca una situación de emergencia de la que, aseguran, se desconocen datos reales y se carece de directivas concretas por parte de las autoridades gubernamentales, distintos sectores concurrieron ayer con sus inquietudes al Colegio de Martilleros de La Plata, donde fueron convocados por el Consejo Asesor Consultivo de Instituciones de La Plata -CACILP-.

Como resultado de la reunión, comerciantes, empresarios, profesionales y representantes de instituciones y ONGs elaboraron un documento que pide a los Estados nacional, provincial y municipal una coordinación en los protocolos sanitarios que permita "una mejor toma de decisiones", como así también la postergación de vencimientos para el pago de impuestos y servicios, "necesaria para compensar", según definieron, la disminución que se advierte, fundamentalmente, en la actividad económica de comercios y pymes.

CONSECUENCIAS

Todos los sectores hablaron de la falta de un marco al que ajustarse en este tiempo crítico y de la carencia de certezas para determinar qué medidas adoptar. También cada entidad mencionó las consecuencias que está produciendo la irrupción de la influenza en la Región y la falta de criterios sanitarios unificados: los comerciantes mencionaron la caída en las ventas; la Sociedad Odontológica de La Plata el cierre de consultorios y la incertidumbre con la que trabajan los profesionales; los colegios de Martilleros y de Gestores locales las trabas que enfrentan para iniciar trámites en el Registro de la Propiedad ante la reducción de la operatividad por las licencias administrativas; las instituciones la cancelación de encuentros sociales, culturales y deportivos; y las asociaciones civiles la desprotección en que se encuentran los grupos sociales más vulnerables.

El documento de CACILP plantea que "existe una notable descoordinación entre los niveles administrativos y ejecutivos del orden nacional, provincial y municipal", que la situación "está sembrando pánico en la ciudadanía y por ello se está produciendo desabastecimiento farmacológico y una sobredemanda a los sistemas de emergencia" y que la emergencia "afecta también a los distintos actores económicos, que no podrán afrontar los vencimientos impositivos y de servicios públicos, castigando principalmente al sector laboral, pequeños comerciantes y empresarios".

En esa línea, se solicitó a los poderes públicos que "se coordinen todos los protocolos sanitarios para una mayor eficiencia en la toma de decisiones que la emergencia exige"; que se asegure "la normal provisión de medicamentos y la atención en los centros de atención primaria y hospitales"; y que se garantice a los sectores sociales más carenciados -y en particular a los niños, adultos mayores y grupos de riesgo- "igualdad ante la pandemia".