En el marco la medida autosatisfactiva con la que el 13 de mayo ordenó el acatamiento de la conciliación obligatoria en el conflicto docente que hasta ayer insumía 36 días de clases –27 desde declarado por tiempo indeterminado-, el juez Carlos Arenillas escuchó ayer los argumentos de las partes, y explicó los alcances de la sanción que impuso a los sindicatos.

A la audiencia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería asistieron los titulares de las asociaciones Docentes de Santa Cruz (Adosac), Pedro Muñoz, y del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Raúl Robles, y el fiscal de Estado Carlos Ramos.

La orden de acatamiento a la conciliación obligatoria dictada el 2 de mayo por la Secretaría de Trabajo les impuso multas de 1.000 pesos diarios y les advirtió que podría haber acciones penales por “desobediencia”, medida que recurrieron ambas entidades.

Además, ante la persistencia de la huelga, la cartera laboral dispuso sanciones administrativas de 700.000 pesos para la mayoritaria ADOSAC y de 50.000 para la AMET.

Al término de la reunión, que se extendió desde las 10.30 hasta el mediodía, Muñoz valoró la convocatoria del juez, en la que ambas entidades “fundamentaron sus objeciones que no son a la conciliación sino por el proceso” que llevó a esa instancia, tras reclamar “durante 138 días hábiles” la paritaria docente.

El dirigente dijo que buscan “un ámbito de negociación plural” y anticipó que la ADOSAC esperará ahora a que el juez se expida el jueves para determinar los pasos siguientes.

Mientras tanto el gremio, que como parte de su plan de lucha sostiene una carpa frente a la Casa de Gobierno, montada el 12 de abril tras la golpiza a una manifestación docente por parte de referentes de la UOCRA en 28 de Noviembre, tiene programado para hoy, 25 de mayo, un “Cabildo Abierto por la educación”, con invitación al Gobierno provincial y a toda la comunidad a un debate público sobre el conflicto docente.

Con concentración y movilización desde ADOSAC Provincial, a las 12.30, la consigna es que “todas las voces deben ser escuchadas”.

Para el abogado patrocinante de la ADOSAC, Bernardino Zaffrani, “la convocatoria del juez tiene un enorme valor, ya que a pedido de los gremios ha citado a esta audiencia para escucharnos, y en la conversación, manifestando nuestro ánimo de diálogo, hemos pedido una prórroga para que este diálogo se concrete”.

No obstante aclaró el letrado: “la cosa es que el jueves no le tiremos al juez sobre sus espaldas una decisión, sino que de alguna manera este espacio de tiempo genere lo que ha generado la audiencia como expectativa en la sociedad”.

Zaffrani jerarquizó y valoró esta convocatoria judicial, en tanto remarcó: “queremos que se extienda al Ejecutivo también, porque es la intención que este conflicto se solucione, y habiendo ánimo de diálogo se puede solucionar perfectamente”.

Enmarcar el proceso judicial

A su turno, el fiscal Ramos ubicó a esta audiencia “dentro de las facultades ordenatorias, instructorias que tiene el juez y que tuvo por finalidad explicar los alcances de su sentencia”, al tiempo que “se les reiteró a los gremios que consideraba una consecuencia muy grave el no acatamiento de la conciliación y sobre todo de la manda judicial”.

El funcionario evaluó que esperar que el resultado de esta audiencia fuera llegar a un acuerdo en el marco de una negociación paritaria “sería desconocer cuál es la competencia de un juez y cuál es la competencia de un fiscal de Estado”.

Por el contrario dijo: “el objetivo fue enmarcar el proceso judicial y explicar el alcance del fallo ante los gremios, y sobre todo, por algunas manifestaciones que se habían tenido en sede judicial, que el juez había considerado inapropiadas”, dijo en clara alusión a la decisión del juez Arenillas de no hacer lugar al cambio de efecto de la medida solicitado por la AMET, mientras la apelación sigue su curso.

En este punto es preciso aclarar que la AMET apeló con fecha 16 de mayo la medida judicial que le ordenó a los gremios acatar la conciliación obligatoria y les fijó una multa de mil pesos por día de no cumplimiento.

En su apelación AMET solicitaba el efecto suspensivo de la medida hasta tanto se resolviera, lo que fue rechazado por el juez Arenillas, y fue recurrido por la entidad, y en este caso, fue señalado improcedente por el magistrado. No obstante la apelación continúa tramitándose ya por fuera de la órbita de este Juzgado, y en las próximas semanas podría tener una resolución de la Cámara de Apelaciones.

En tanto, frente a la expectativa que generaba esta audiencia en sede judicial, Ramos insistió que “el juez no es autoridad de aplicación de la ley laboral ni el fiscal de Estado es miembro paritario”, y que “la discusión salarial no se dirime en el ámbito de la Justicia sino en el Ejecutivo”.

También el juez Arenillas dijo que el conflicto docente debe resolverse en los ámbitos propios de negociación, y aunque cada una de las partes se mantuvo ayer en su posición, valoró que, como lo habían solicitado, se hayan podido expresar en un ámbito diferente.

No obstante admitió que la citación quizá haya generado más expectativas que las posibles, al alcance de la Justicia, y no pudo precisar si, tal lo solicitado, será concedida una nueva audiencia en ese mismo ámbito.

Sileoni señaló a la conciliación obligatoria como el único camino

También el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, se expresó ayer en relación al conflicto que sostienen los maestros santacruceños, considerando que “hay un solo camino” para resolverlo, y es la conciliación obligatoria.

“Es necesario que el gremio acate la conciliación obligatoria y a partir de ahí creo que se pueden resolver los problemas”, dijo el ministro poco antes de ingresar al seminario en la Casa Patria Grande, en el centro porteño, sobre “los logros de la integración regional en educación” junto con sus pares de otros países del Mercosur.

Sileoni aseguró que la solución al conflicto se podrá lograr “recuperando el calendario escolar y buscando un camino con el Gobierno”, mientras que opinó que la protesta “está politizada” y que el de los maestros de Santa Cruz, “es el salario docente más alto de la Argentina”.

Para el funcionario nacional, “no hay razones” para realizar el paro, y ratificó en declaraciones a Télam que “cualquier problema se puede discutir en una Argentina de plenas libertades sin suspender las clases”.