La carrera de los salarios contra los precios amenaza volver a convertirse en una de las variables claves del año económico 2011, porque los gremios buscarán no atrasarse en esa disputa y ya preparan reclamos salariales que se ubicarían en torno a un aumento del 25 por ciento, como piso mínimo, hasta un 30 por ciento de aspiración máxima, según fuentes sindicales de la CGT y la CTA.

El reclamo conspira contra la petición empresaria de cerrar aumentos de salarios para el año próximo por debajo y hasta un 20 por ciento como máximo, como condición previa a la aceptación del pacto social que impulsa el gobierno, quien si bien en la ley de presupuesto no fijó una pauta salarial para la administración pública, su fijación estaría más cerca de la aspiración empresaria que la de las dos centrales obreras.

Para un destacado dirigente de la CGT durante este año los gremios “perdieron entre un 5 y un 10 por ciento” respecto de la inflación anual y los gremios se disponen a no repetir la historia, aunque deberán medir muy bien sus reclamos si aparece un pedido oficial de achicar esas pretensiones para permitir la firma de un acuerdo socioeconómico. Ese será el momento de medir el costo político que deberán asumir si la presión de sus representados por salarios se vuelve incontrolable y no se pueda encauzar el conflicto.

Los sindicalistas miden esa pérdida de acuerdo al “índice de los supermercados”, como le gusta decir al titular de la CGT, Hugo Moyano, que tiene más en cuenta el precio de las góndola que el cuestionado IPC del INDEC.

Admiten amparándose en el anonimato, que la verdadera alza de precios de los artículos de la canasta básica de este año se ubica entre un 25 y un 30 por ciento, en línea con la medición de las consultoras privadas.

De acuerdo con las cifras del INDEC entre enero y octubre pasado el promedio general de salarios mejoró un 23,3 por ciento, respecto de diciembre del año pasado. Esa mejora alcanzó en el caso de los trabajadores registrados en la economía formal un 25 por ciento, mientras que el sector de trabajadores en negro recibieron un alza del 18 por ciento mientras que en el sector de la administración pública la mejora alcanza al 21 por ciento.

Si bien aún no se conocen los números de noviembre y diciembre, sobre salarios, que aún no se difundieron, estos porcentajes no variarán sustancialmente porque en octubre último ya midió el impacto de la última negociación paritaria en todos los gremios, incluso en aquellos que acordaron aumentos en cuotas, parte de las cuales se pagaron en el cuarto trimestre.

Ese deterioro salarial de alrededor del 10 por ciento es reconocido incluso en niveles oficiales y para compensarlo las administraciones de La Rioja, San Juan, La Pampa, Tierra del Fuego, ya otorgaron adicionales salariales por única vez que van de los 700 a los 1.000 pesos.

En la provincia de Buenos Aires, se analiza otorgar un pago adicional de 200 pesos para las fiestas, a cuenta de la futura negociación paritaria y para apaciguar los frentes de conflictos que tiene con el sector de estatales y los docentes. Esta posición es analizada en otros distritos provinciales en línea con las mejoras que el gobierno nacional dispuso para los jubilados y pensionados y para los trabajadores temporarios al que se le asignó asignaciones familiares para todo el año, profundizando la mejora en la distribución del ingreso.

Lo cierto es que el alza del costo de vida jaquea a las administraciones provinciales por la dispersión salarial existente entre esos distrito. En efecto los promedios mensuales de sueldos nominales varían entre los 5.800 y los 6.200 pesos en las provincias patagónicas en las que se perciben adicionales que no rigen en el resto del país.

Pero esos valores más que duplican a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes, distritos con los sueldos netos promedio nominales más bajos que se ubican se ubican entre los 2.300 y los 2.600 pesos, mientras que el resto de los distritos se ubican en una franja algo mejor pero lejos de las patagónicas.

Esa radiografía se repite en el sector privado donde por ejemplo en el sector rural los sueldos promedios rondan los 2.300 pesos, mientras que en el sector mejor remunerado como el de explotación de minas y canteras, las remuneraciones nominales netas promedio superan los 12.500 pesos. Compensación por inflación y eliminación de la dispersión es entonces el desafío salarial, aunque con la diferencia que en el primer caso puede reducirse en el corto plazo, mientras que en el segundo eliminar la tan alta disparidad llevará mucho más tiempo.