Aunque no es un tema nuevo, 2013 estrena el conflicto con mayor volumen. Se trata del reclamo de los gremios municipales de establecer en el ámbito provincial las paritarias locales, además de la derogación de la ley 11.575. Esta norma, aprobada durante el gobierno de Eduardo Duhalde, fue concebida en el marco del avance de los barones del Conurbano, y con la necesidad de ofrecerles un marco legal que contenga la relación con “sus” trabajadores.

De esta manera se redujo del 3 al 1 por ciento el pago de la antigüedad, y se incorporaron la disponibilidad relativa y la ab-soluta, que permitió la remoción de trabajadores sin necesidad de justificativos ni indemnizaciones.

La situación laboral en la gran mayoría de los municipios se fue convirtiendo en una instancia política vital para los intendentes, que en muchos casos terminaron usando este ámbito para armar sus estructuras proselitistas, o contener de forma precaria al desempleo.

Así crecieron de manera desmedida las plantas de trabajadores, que, a su vez, se fueron moviendo al ritmo de los cambios de gestión.

Fue común ver a los jefes comunales que estaban obligados a dejar el cargo a un contrincante firmar el pase a planta permanente de todos los empleados contratados. El sucesor, consciente de las reglas, se limitó a firmar la baja, ya que para ser efectivos debían contar con un año de prueba a partir de la rúbrica de ese nombramiento. Negocio redondo para am-bos intendentes, pero con saldo negativo para los contratados.

Esta situación, por momentos perversa, se transformó en la bandera de lucha de los ámbitos gremiales. Allí sobresale la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (Fesimubo), con el ex diputado Rubén García a la cabeza, que litiga internamente con la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia, con Oscar Ruggero como titular. Ambas provienen de la regencia del histórico sindicalista Alfredo Atanasof, hoy apartado de esas instancias. Al actual diputado na-cional se le atribuyen acuerdos de mesa chica para habilitar esta situación.

El año pasado la Fesimubo había iniciado un proceso de negociación para habilitar las reformas legales.

Se llegó a arrancar la promesa de los je-fes de todos los bloques para tratar el te-ma en el recinto, aunque luego todo quedó estancado en la comisión de Asuntos Mu-nicipales de la cámara Baja, que comanda Gabriel Bruera, hermano del alcalde de

La Plata.

“Ahí durmieron cómodos todos los proyectos”, dicen, con ironía, hasta los propios legisladores oficialistas.

El diputado moyanista, ex integrante del FpV, Jorge Mancini fue quien reeditó a nivel parlamentario los proyectos, que el 22 de mayo tuvieron algunos cambios. Con la intención de destrabar la puja, el presidente de la cámara Baja, Horacio González, y el titular del bloque oficialista, Juan de Jesús, negociaron dejar para mejor momento la derogación de la 11.575 y hacer algunas reformas al proyecto original de paritarias. En ellas se estableció una instancia provincial, con la obligación de imponer un piso salarial común a todos.

Estos cambios provocaron la negativa del Gobernador, que no aceptó ser parte de un sistema que le implicaría hacerse cargo de los gastos que, inevitablemente, no podrían sostener muchas comunas, frente al blanqueo de sus plantas de em-pleados. “Legislan en contra del Gobernador, y se supone que son nuestros compañeros”, manifiestó, con enojo, un diputado sciolista el día 22 de mayo, cuando se suponía que debía aprobarse la nueva ley.

El sciolismo hace un tiempo que no participa de las reuniones del bloque, y el tema municipal no ayudó en nada para el reencuentro.

Los legisladores que responden de forma directa a los intendentes también expresaron su oposición; en tanto José Ottavis y Miguel Funes, dirigentes de La Cámpora, fueron quienes intentaron sostener la iniciativa, que finalmente naufragó ante la presión de los jefes comunales.

La promesa de una mesa de discusión con todas las partes en disputa, de una “comisión de estudio”, fue el saldo de

una jornada que tuvo piedras, fuego y malestar por parte de los municipales movilizados.

En la Provincia existen pocas comunas que ofrecen un salario razonable a sus trabajadores. Los valores fluctúan de manera abrupta de una localidad a otra, aun cuando las condiciones geográficas y políticas sean similares.

Existen, por ejemplo, básicos mayores de 5 mil pesos, como es el caso de Pinamar, o mayores de 4 mil, como Bahía Blanca, y otros que apenas superan los mil pesos, como los casos de Carlos Te-jedor, con 1.141 pesos, Florencio Varela (1.044), o Roque Pérez (1.128), entre muchos más.

El dato llamativo que también surge de esta situación es la cantidad de empleados municipales que se registran en la gran mayoría de las comunas, sobre todo en las del interior, donde el empleo estatal local sirve como forma de contención laboral. En esto influye, obviamente, la atención de la salud, que a algunos municipios con hospital local les representa un extra importante en su planta de trabajadores.

Existe, además, y de acuerdo a la información suministrada por la Fesimubo, una desproporción en la cantidad de contratados con relación a las plantas permanentes, debido a que en muchos casos, especialmente en las comunas del Gran Buenos Aires, se utilizan como sostén de los punteros políticos.

En la Legislatura, en tanto, buscan juntar a los titulares de la FAM con las federaciones gremiales para discutir las reformas legales prometidas; un encuentro difícil de imaginar por estas horas