"La Ley de Glaciares fue aprobada por el Congreso y debe ser cumplida en todo el país, sin excepciones. Lo que pasa es que en San Juan no entienden el tema”, fue lo que planteó ayer, didáctico, el enviado de Greenpeace a la provincia. “No, claro, aquí somos todos estúpidos”, le contestó este cronista.

La conferencia de prensa había sido citada a las 11 y 30 de la mañana en la confitería de un lujoso hotel cénctrico. Pasadas las 12, y con apenas tres periodistas presentes, el director de Campañas de Greenpeace Juan Carlos Villalonga dió comienzo a la charla afirmando que “la Ley de Glaciares dejó de ser una ley de la Nación, una ley de los argentinos, y ahora está secuestrada por un grupo de empresas mineras. Y lo más grave es que el Gobierno Nacional actúa de manera cómplice”.

Consultado por Diario El Zonda sobre si tenía pruebas sobre esta presunta conspiración, Villalonga contestó molesto que “no necesitaba pruebas”. A continuación, aseguró además que la presentación judicial efectuada ante los estrados federales de San Juan contra la aplicación de la norma es un “acto de autoincriminación” de las empresas mineras. Para Villalonga, la medida judicial “fue pactada por el gobierno sanjuanino junto a las empresas mineras al otro día de la sanción de la ley por el Congreso”.

Nuevamente, este cronista se vio en la necesidad profesional de interrogar a Villalonga sobre el origen de esa información y sobre qué pruebas obraban en su poder para realizar semejante afirmación. “Salió en todos los diarios de San Juan”, aseguró furibundo el representante de Greenpeace. Al señalársele que nadie sabía de esa supuesta reunión y que en la prensa escrita local no existía ningún registro de que hubira existido, Villalonga volvió a respaldarse en el supuesto “dominio público” del tema.

Más adelante, el director de campañas de la ONG planteó que la resolución judicial dictada por el juez federal de San Juan, Miguel Gálvez, que suspende la aplicación de todo el articulado de la Ley de Glaciares en la provincia “es una medida transitoria que no representa la opinión de la Justicia argentina”. Consultado sobre cómo sabía eso dado que la quien debe expedirse sobre el tema, la Corte Suprema, aún no lo hacía, Villalon ga volvió a su lenguaje esquivo y falto de fundamentos aduciendo que “el hecho de que la ley haya sido suspendida en San Juan no implica frenar su aplicación en el resto del territorio nacional”.

“La Ley de Glaciares fue aprobada por el Congreso y debe ser cumplida en todo el país, sin excepciones”, aseguró, admonitorio, el enviado de Greenpeace. Cuando se le planteó que la mencionada norma legal había suscitado un conflicto jurisdiccional entre la Provincia y la Nación sobre el control de los recursos naturales, Villalonga, muy suelto de cuerpo, disparó: “Lo que pasa es que en San Juan no entienden el tema”. “No, claro, aquí somos todos estúpidos”, le contestó quien escribe estas líneas, ya superado por la ignorancia y pedantería de este personaje que se manejana como el dueño de la verdad haciendo afirmaciones aventuradas sin aportar la menor prueba.

“Mire, dijo Villalonga finalmente, yo viene aquí a hablar del tema y no a que usted me interrumpa con sus cuestionamientos”, e invitó a este medio a retirarse de la conferencia de prensa.

Greenpeace es una ONG multinacional creada en Canadá en los años 70 que saltó a la fama mundial al perseguir buques balleneros de bandera japonesa. En la actualidad, opera en países en vía de desarrollo como la Argentina con acciones más efectistas que efectivas basadas en una agenda temática dictadas por sus oficinas en los países centrales. Aunque asegura tener más de 3 millones de socios que la financian y no aceptar donaciones de gobiernos ni empresas privadas, eso no alcanza para explicar cómo se pagan las campañas mediáticas multimillonarias de Greenpeace en todo el mundo, incluido nuestro país.