Greenpeace criticó la continuidad del proceso de puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II, donde el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció la carga de combustible en el reactor.
La organización ambientalista exigió a las autoridades nacionales el cumplimiento de la Ley 26.190 que establece que para 2016, un 8% de la generación eléctrica debe provenir de fuentes renovables y demandó que no se desvíen los fondos necesarios para ese desarrollo en la profundización del Plan Nuclear relanzado en 2006.
“La obstinación por esta tecnología arcaica y peligrosa, pone en riesgo a más de 22 millones de personas, fomenta la expansión de la minería contaminante y genera basura radiactiva por miles de años. Las inversiones deben redirigirse al desarrollo de fuentes renovables y seguras, como la eólica, al cumplimiento del GENREN y de la Ley 26.190, una obligación que el Gobierno parece no querer asumir”, finalizó Fernández.

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