Una denuncia de un fiscal por "persecución sistemática" contra el fiscal general Eduardo Raúl Serradell deriva en una situación de enorme gravedad institucional que conmocionó a todo el universo judicial y del Ministerio Público en el Departamento Judicial Azul. La denuncia fue presentada "dos viernes atrás" según confirmó a EL POPULAR el propio fiscal Martín Pizzolo quien, sin embargo, declinó dar detalles sobre la presentación y ni siquiera quiso "confirmar o desmentir" que en ella plantea directamente temores sobre su integridad física.

"Si usted tiene acceso a la denuncia que presenté directamente en la Procuración podrá saber a qué se refiere", dijo Pizzolo a este diario en lo que constituye en realidad una elíptica confirmación de que cree que está sufriendo riesgos físicos.

Lo cierto es que en el entorno cercano de Pizzolo respondieron que "cuenta con muy buena información" cuando se le consultó si entre la documentación que entregó el funcionario en Procuración se incluía una filmación con declaraciones de un detenido en Sierra Chica que denunciaba "haber hablado bajo coacción" en un testimonio brindado ante el propio fiscal general. Esa filmación habría sido realizada por el mismo Pizzolo en la primera semana de octubre en la cárcel de Sierra Chica. Se trataría de un detenido que poco antes había pedido declarar ante Serradell sobre datos que presuntamente desentrañarían parte del entramado de lo ocurrido en el mes de enero en torno del homicidio del abogado penalista Marcos Alonso.

Diversas voces de quienes mueven sus pasos a diario en el edificio de Rufino Fal en el que funcionan juzgados, fiscalías y defensorías coincidieron en describir que "a Pizzolo se lo vio muy nervioso en esos días".

Si la denuncia ante la Procuración, tal cual confirmó el titular de la UFI 5, se concretó el viernes 8 de octubre se habría hecho dos o tres días después de que personal de Control Interno del mismo organismo hubiera estado en Olavarría tomando declaraciones a empleados y funcionarios fiscales y judiciales a partir de un sumario que Serradell había iniciado contra Pizzolo. Ese sumario habría sido abierto de oficio por el propio Serradell a partir de la información periodística publicada por EL POPULAR en noviembre del año pasado en la que se daba cuenta de que la fiscal Susana Alonso estaba interviniendo en el caso de la tentativa de homicidio de Walter Gallastegui contra Fabricio Armendano. Aquel 14 de noviembre la UFI 5 habría estado en turno pero su titular, Martín Pizzolo, se habría ausentado de la ciudad "sin pedir una licencia", según confirmaron fuentes de la Fiscalía General.

Renuncias

Pizzolo ayer fue más que escueto en las respuestas a este diario. Admitió, eso sí, que se trata de "una situación sumamente compleja" y que "no fue fácil" decidirse a denunciarla, además de que se trató de una decisión que "no se toma en unos meses", dejando entrever así que viene de larga data.

"En mi trabajo en Lomas de Zamora tenía una imagen y un legajo intachables", subrayó Pizzolo sin dar otras precisiones acerca de si actualmente en Olavarría a su legajo se le estaban incorporando reconvenciones o directamente sumarios. Aseguró que en las razones que lo llevaron a dar este paso no hay cuestiones "funcionales" o de "exceso de trabajo", quejas que suelen ser habituales en el ámbito del Ministerio Público.

Agregó que él decidió tomar otro curso de acción en lugar de renunciar, como antes hicieron Francisco Tourné y Matías Castro. Apuntando directamente a la Fiscalía General, Pizzolo dijo que en Lomas de Zamora hay "cien fiscales y no hay renuncias. Y en Olavarría ya renunciaron dos fiscales".

"No sé qué va a venir ahora", admitió Pizzolo, quien está casado y su mujer espera un hijo. "Tomé esta decisión y me hago cargo. Sé que esto tiene una gravedad superlativa, pero debía tomar una decisión sin traicionarme", puntualizó el fiscal.

Aunque Pizzolo se negó a confirmarlo, otras fuentes indicaron que la supuesta persecución se habría iniciado el año pasado, después de unos operativos encabezados por Pizzolo en cabarets locales.

El tema de los cabarets despierta ecos sombríos en Olavarría, ya que aunque huyeron unas ocho mujeres de nacionalidad paraguaya a lo largo de varios meses, los procedimientos realizados nunca desembocaron en juicios por trata de personas. El gobierno municipal decidió intervenir y se dio una ordenanza prohibiéndolos, pero una resolución de la Justicia en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ordenó que siguieran funcionando.

Plazos

Hay cuestiones sobre las que muchos se están haciendo preguntas que hasta ahora no tienen respuestas. Por empezar, cómo continuará Martín Pizzolo en su rol de fiscal teniendo en cuenta la denuncia que presentó contra su jefe directo, el fiscal general. Si bien en estos momentos se encuentra en uso de una licencia por salud, el plazo vence el viernes 22 con lo cual el 23 debería estar nuevamente en Olavarría para hacerse cargo de la UFI 5. Ninguno de los consultados en el ámbito del Ministerio Público Fiscal se imaginaban cómo será el trabajo de aquí en más. Y varios, inclusive, se preguntaban acerca de la posibilidad de que a partir de este episodio Pizzolo decida concretar su viejo deseo de regresar al Gran Buenos Aires que es la zona de la cual provenía previo a su asunción como funcionario en este departamento judicial.

La otra cuestión sobre la que giraban muchos de los interrogantes tenía que ver con la mirada que esta denuncia tendrá dentro de la Procuración. Sobre todo, teniendo en cuenta que dentro de la causa que se sigue contra el juez de Garantías, Antonio Cayetano Saladino, interviene la misma Procuración y en el caso que ahora está en manos de la defensa del magistrado se menciona que -a ojos de la procuradora general, María del Carmen Falbo- habría un cierto compromiso de algún funcionario del Ministerio Público en los tratos económicos que presuntamente se están investigando. A tal punto que el defensor de Saladino, el abogado penalista marplatense, César Sivo, insiste con que "poner los ojos en Saladino es una cortina de humo para no poner el acento en lo que verdaderamente está pasando en Olavarría".

La situación de Pizzolo en estos momentos es complicada porque nadie sabe qué consecuencias podrá tener la denuncia que volcó contra Serradell. Pero además, esa denuncia en sí misma adquiere una dimensión de gravedad institucional porque se ubicaría al fiscal general como el padre de todos los males de aquello que sucede en la ciudad.

Para los comunes mortales, esto se torna mucho peor aún. Porque miran desde afuera y sobre un escenario las pujas entre quienes, en su calidad de funcionarios, tienen la obligación de investigar y de asegurar la tranquilidad ciudadana.

Ahora la palabra la tiene el área de Control Interno de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Que deberá decidir dónde está la verdad. Si en la denuncia por presunta "persecución sistemática" contra el fiscal general o bien si todo responde a otros intereses sobre los que, para tranquilidad de la ciudadanía, tendrá el deber de echar luz.