Treinta y cuatro allanamientos simultáneos y la detención de tres personas fue la respuesta contundente de la Justicia Federal de Orán que en la noche del martes denunció, a través de El Tribuno, haber sido amenazada por miembros de una asociación ilícita integrada por sujetos de varias provincias dedicada al lavado de activos, narcotráfico y evasión, entre otros cargos por la que estaba siendo investigada. Un informe confidencial de Gendarmería Nacional puso en conocimiento del juez federal de Orán, Raúl Reynoso, supuestas amenazas de muerte en contra de su persona, del fiscal federal José Luis Bruno, del jefe de Aduanas de Orán y de un profesional de esa ciudad norteña.Ayer el secretario del Juzgado Federal de Orán, Alejandro Daher, informó a El Tribuno que de las escuchas de las llamadas telefónicas de una de las personas investigadas se desprendió una velada amenaza contra el personal jerárquico de ese Juzgado Federal. El tono de las intimidaciones y una incipiente planificación hicieron que el juez precipitara una serie de allanamientos (34 en total) en ciudades de las provincias de Salta, Tucumán y Chaco, en el marco de la investigación de la banda que llevaba ya tres años. El objetivo era desactivar y desarticular un posible atentado, habida cuenta de lo encaminada que se encontraba la investigación de la red de lavado de dinero que utilizaba una cadena de carnicerías para justificar cuantiosos movimientos de capitales entre las tres provincias.El secretario del Juzgado aseguró que el movimiento económico de las maniobras no está cuantificado aún, pero se estima en cifras millonarias."Todos los detenidos son comerciantes del rubro carnes", dijo el funcionario, quien graficó que en los distintos allanamientos se secuestraron soportes electrónicos, cocaína en poca cantidad, dinero y documentación que van a ser peritados en los próximos días.Al ser preguntado acerca de la entidad de las amenazas, Daher dijo que provienen de personas ligadas a "causas pesadas", con vinculaciones a grupos de poder de la vecina provincia de Tucumán.Daher aseguró que el juez federal Reynoso está preocupado por los acontecimientos vividos y ordenó, entre otras cosas, vigilancia de fuerzas de seguridad para los funcionarios y civiles alcanzados por las amenazas de la banda investigada."Aunque no se vea al agente de consigna, todos tienen garantizada su seguridad", dijo el funcionario judicial.Con respecto a este tema, tanto el Juzgado Federal de Orán como la Fiscalía Federal se hallaban ayer custodiadas por Gendarmería Nacional, que apostó en cada uno de los edificios una dotación completa de uniformados.El fiscal federal Bruno no restó entidad a lo actuado por Reynoso, no obstante remarcó que durante 34 años que lleva en la Justicia hubo "muchos episodios similares" y que no ordenó la detención de los sospechosos de haber perpetrado las amenazas porque él mismo estaba incluido en la lista de las posible víctimas. "No se puede ser juez y parte del asunto", consideró."Una intervención de mi parte hubiera producido la nulidad de lo actuado, pero estimo que lo que ha ordenado el juez Reynoso es correcto", insistió. El fiscal anticipó que, "por lo pronto, me voy a excusar del asunto para evitar nulidades".

Desbaratamiento

El secretario del Juzgado Federal, Alejandro Daher, graficó la situación como "grave" pero estimó que los múltiples allanamientos que Gendarmería Nacional y la AFIP hicieron en Tartagal, General Mosconi, Orán, Salta capital, San Miguel de Tucumán y Presidencia de la Plaza (Chaco) terminaron con la banda que había anclado sus actividades ilícitas en estratégicas ciudades."Por ahora no hay datos sobre el alcance de los allanamientos y los resultados se van a dar a conocer en las próximas horas, pero estamos seguros que quienes amenazaron a la Justicia ya están presos", finalizó.En los 34 allanamientos hubo tres detenidos: un hombre de apellido Meneses, en Tartagal; otro de apellido Bruzzone, en el pueblo chaqueño, e Iván Cabezas, quien vivía en Orán y el martes fue detenido en Salta.

Dos testigos del caso 911

Anoche, a última hora, el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, recibió en su despacho a la comisión que llevó a esa ciudad norteña a las dos mujeres detenidas en Mendoza, quienes estarían involucradas en el tráfico de 74 ladrillos de cocaína secuestradas en el móvil policial del 911 de Orán en un operativo realizado en Salta capital.Las mujeres prestaban declaración indagatoria ante el magistrado, quien al estar al frente de este trámite no atendió a la prensa ayer durante la tarde. Al cierre de esta edición no se dieron a conocer detalles de lo que las mujeres le dijeron al juez sobre la conexión que tendrían con el caso en el que quedó detenido el cabo Ángel Urzagasti, del 911 de Orán, y un empleado municipal de apellido Rueda.Hubo, sí, un trascendido que indicó que una de ellas podría ser familiar de Rueda.El secuestro de la droga al policía del 911 se hizo el pasado 28 de abril en el barrio Autódromo de la capital.