El letrado pide que se investigue una supuesta inconducta de ambos magistrados y deja abierta la posibilidad de una denuncia penal contra ambos. A la vez pide que la cuestión se decrete como asunto de feria, y se reserva la solicitud de un jurado de enjuiciamiento contra Albo y Jiménez.

Morales señaló que tres empleados de la Caja Popular de Ahorros -Alfredo Rivero, Luis Germain y Patricia Lobo- "realizaron mendaces denuncias contra el dirigente de la Asociación Bancaria Carlos Cisneros, dando origen a una causa judicial sobre amenazas".

Explicó que ante su pedido a la justicia para el archivo de las actuaciones, "comenzó a ’operar’ el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, a través de su hermana, la vocal de Cámara de Apelaciones, doctora Elva Graciela Jiménez, y de su colega también integrante de la Cámara, doctor Eudoro Albo, sobre el fiscal Diego Alejo López Avila, quien antes de asumir en esa función se habría desempeñado como relator en el tribunal antes señalado, y también sobre el juez de instrucción Alejandro Javier Tomás, quien fuera elegido en ese cargo por el gobernador José Alperovich, pese a haber ocupado el tercer puesto detrás de los abogados Gustavo Romagnoli y Carlos Eduardo López".

Añade el abogado Morales que "los vocales Albo y Jiménez ejercerían su influencia sobre la causa penal en la que se investiga a Cisneros, a través del letrado Tomás Robert, quien es amigo íntimo de estos magistrados, comparte con los vocales de Cámara la cátedra de Derecho Penal en la UNT, y comparte la defensa de represores vinculados a delitos de lesa humanidad con el letrado Facundo Maggio, cónyuge de la letrada Eloísa Rodríguez Campos, hija de la doctora Jiménez y relatora de la Cámara Penal, pese a las prohibiciones legales expresas".

Morales sostiene seguidamente que sin colectar las pruebas necesarias, la Fiscalía requirió la "prohibición de acercamiento a una distancia de 300 metros" de Cisneros respecto a los citados empleados de la Caja Popular. El abogado señala que en ese sentido "se toleró la incorporación de un acta notarial falsa labrada por la escribana Gladys Noemí García, quien tiene numerosos procesos penales".

El abogado Morales más adelante expresa que el letrado Roberts "sin legitimación alguna, pide la detención de Cisneros, aprovechando la presencia de la fiscal de feria es la doctora Adriana del Carmen Giannoni, designada solamente por tener amistad manifiesta con el ministro Jiménez, su cónyuge y su hermana".

Finalmente, Morales solicita la actuación de la Corte Suprema en su rol de Superintendencia para analizar la conducta de los jueces Albo y Jiménez, pide la apertura de feria y el requerimiento de las pruebas documentales, y se reserva la solicitud de un jurado de enjuiciamiento contra ambos magistrados.