El dirigente que participa de los actos en las puertas de ingreso a los edificios de la casa de altos estudios sanjuanina sostuvo que “la postura de los directivos de la Católica rayan en lo absurdo, porque ellos proclaman que la provincia de San Juan no vive la misma realidad que la del resto del país, que la situación económica es distinta y que los auxiliares de la educación, que prestan servicios en la Católica, no necesitan un reajuste salarial”.

Priego dijo que “el criterio de las autoridades de la Católica es que un sueldo que tiene un básico de entre 1.300 y 1.700 pesos y que llegan a un sueldo conformado de entre 2.300 y 2.500, es más que suficiente para sus trabajadores, que están durante nueve horas por día y que trabajan sábado por medio” y que “sostienen que con ese régimen de trabajo y esos ingresos, sus empleados pueden vivir dignamente”.

El dirigente aseguró que “la realidad de los trabajadores es otra y dista muy mucho de lo que las autoridades de la Universidad Católica de Cuyo dicen e imparten, a través de sus profesores, a los futuros profesionales contables, de derecho y todos los que ellos están formando”.

Priego dijo que “como mínimo la Católica debería respetar el salario mínimo vital y móvil”, y que “las 180 personas del sector no docente, que están representados normativa y legalmente por SOEME, cobran menos de la mitad de lo que cobra un trabajador de su misma jerarquía en la Universidad Nacional de San Juan”.

Durísimo en sus conceptos con las autoridades de la Universidad Católica, el dirigente destacó que “para nosotros esto no es más que una explotación del personal” y que “es una cosa denigrante que la Universidad se niegue a nombrar a una persona para que, en el ámbito de una convención paritaria, nos sentemos a negociar las condiciones de trabajo, lo que no implica sólo el sueldo, sino todo lo demás que tiene que ver con la relación de trabajo”.

Recordó que “esto se está solicitando desde noviembre del año pasado y llevamos un año sin que lo hagan, al punto que la Universidad Católica ha sido intimada por el Ministerio de Trabajo de la Nación para que lo haga. Igualmente, las autoridades hacen caso omiso a esa intimación oficial del gobierno nacional”.

Asimismo, señaló que “las acusaciones mediáticas que han sacado son falsas y forman parte de un manejo de la opinión pública que las autoridades de la Universidad, que son personas muy influyentes en nuestra sociedad, tratan de instalar”, aunque reconoció que “es cierto que nos hemos manifestado y lo vamos a seguir haciendo, pero en ningún momento se le prohibió a nadie el egreso del edificio, ni se cerraron portones con alambre ni nada de esas cosas, porque hemos sido muy respetuosos de la libertad de la gente, pero indiscutiblemente para llamar la atención de los directivos de la Universidad y de la comunidad, necesitamos manifestarnos después de un año de negociaciones fracasadas”.

Por otra parte, el dirigente sindical sostuvo: “Si nos remontamos al espíritu, el principio y los fundamentos con los que se crearon las universidades católicas en el siglo pasado, tenemos que decir que esta manera de actuar de las actuales autoridades universitarias, dista mucho de aquellos principios, porque están enseñando con el ejemplo, disvalores con respecto a lo que debe ser una correcta manera de actuar”.

“Es aberrante lo que hace el directorio de la Universidad Católica, que tiene personas profesionales, ex miembros de la Corte de Justicia y personas que conocen del derecho, las leyes y las reglamentaciones” y que “hacen uso y abuso de poder y de las relaciones, para que en menos de una hora y bajo presión, un juez emita una medida que obligaba a abrir las puertas para poder cumplir con el plazo de los exámenes que tenían programado hacer a las 16.00”.

También dijo que “ellos están intentando llegar a un juego de poder en el que lamentablemente los rehenes son los empleados” y que “esta es gente que está perjudicando a la Católica, negando el derecho básico, que es sentarse en una negociación a tratar cuales son las condiciones laborales, porque ni siquiera estamos reclamando por sueldos, sino que pedimos por el diálogo”.

Consideró además, que “hay que tener mucho poder e impunidad para desoír una intimación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Justamente en este año, que ha sido declarado como año del trabajo sano y en blanco, que es lo que se viene pregonando desde la Nación y frente a una Presidenta que sostiene que el trabajador es la esencia que mueve a este país, dando así una mala imagen y un mal ejemplo a quienes van a ser mañana nuestros profesionales, nuestros políticos y nuestros dirigentes”.