Uno de los interrogantes que se abrió cuando trascendió a través del SOEM, la existencia del decreto para el reordenamiento del gasto público, fue precisamente qué llevó al jefe comunal a no dar a publicidad una decisión que atañe al interés de la comunidad

En la edición de TiempoSur de ayer, y bajo el título “hace más de diez días que el municipio de Río Gallegos decretó un ajuste para frenar el gasto público” se dieron a conocer en detalle los alcances del Decreto Nº 2072, mediante el cual el intendente Pablo Grasso habilitó “la suspensión y reordenamiento de la situación financiera del estado municipal como alternativa para equilibrar las cuentas públicas”.

Esto se supo gracias a que el gremio que lidera Pedro Mansilla emitió un comunicado cuestionando la rúbrica y manifestando su oposición, adelantando que en breve dará a conocer sus “objeciones”.

Lo curioso fue saber que el documento fue firmado el 12 de agosto, sin embargo la comuna decidió no darlo a conocer, contradiciendo su discurso en cuanto a la necesidad de “transparentar” los actos de gobierno, sino además, en contrapartida con el derecho de la comunidad al acceso a la información pública.

Hasta entonces, el último comunicado oficial hacia los medios de la provincia había estado vinculado con la adquisición de la flota de camiones para mejorar el servicio de recolección de residuos domiciliarios, y que corresponden al expediente mediante el cual se solicitó la maquinaria para el nuevo basural riogalleguense.

Pero también la comuna había hecho público horas antes que había realizado un nuevo pedido de asistencia financiera al Gobierno provincial por 27 millones de pesos, 5 millones más de lo que se pidió en julio, bajo la premisa de hacer frente al último tramo (9,5%) del aumento asignado a los trabajadores municipales.

Según fuentes bien informadas, el Ejecutivo municipal habría preferido no dar a publicidad el Decreto de ajuste que se firmó en plena algidez del reclamo municipal, hoy morigerado por la vigencia de la medida de no innovar planteada por el juez Francisco Marinkovic. Una tregua que oxigena el extenso paro.

La idea habría sido entonces evitar una nueva instancia de discusión pública con el gremio, habida cuenta de que claramente el decreto encontraría resistencia en la dirigencia sindical.

En este punto TiempoSur consultó ayer al presidente del Concejo Deliberante, Pablo Fadul, respecto de porqué no habían sido de la partida, ya que el decreto sólo les sugiere “adherir” a los alcances del mismo.

“Esto fue así porque no se trata de una declaración de emergencia económica, sino mas bien es un reordenamiento y es  facultad del Ejecutivo dictarlo” marcó, recordando que “cuando se estableció la emergencia ambiental, sí paso por el Concejo Deliberante. Esto es otra cosa”.

Vale recordar que incluso ayer, la comuna tampoco se expidió públicamente al respecto, aunque según se supo, podría llegar a emitirse algún tipo de aclaración respecto del punto de mayor controversia que apuntó el SOEM.

Se trata del artículo sexto: “Facultades del Ejecutivo Municipal” y en el cual se advierte que el Ejecutivo “podrá, a fin de obtener una mejor racionalización de los recursos humanos existentes, reubicar a su personal en razón de la categoría y escalafón que reviste”

Sobre esto, el gremio municipal planteó que en la administración de Grasso “no tienen conocimiento del Organigrama como del Manual de Misiones y Funciones, herramientas que son indispensable para dotar a la administración de un ordenamiento que posibilite sacar adelante a nuestro municipio y en todo este tiempo no hubo un plan de trabajo acorde a las misiones y funciones, y produjo un deterioro en el normal funcionamiento del municipio”

La norma suspende además la designación de personal, limita las horas extras (algo que había solicitado el gremio por presunta discrecionalidad en su distribución), prohíbe el alquiler de vehículos y pone la administración de la flota municipal a disposición del Secretario de Gobierno para que disponga su destino a la prestación de servicios esenciales y suspende también los subsidios y los gastos reservados.

Así las cosas, cualquier excepción (todos los artículos la tienen)  a las reglas establecidas por este decreto, sería tomada como una provocación por parte del Ejecutivo, por lo que de más estaría decir que el SOEM estará pendiente de cualquier tramitación en ese sentido.

Sin embargo los alcances de la rúbrica claramente exceden a la alicaída relación entre el gremio y la comuna, habida cuenta de que ésta administra los recursos de la totalidad de la población. Ergo, un decreto de estas características debió transparentarse de manera oficial.