Si bien no fue informado de manera oficial, a pesar de que el pasado 22 de mayo el Vicegobernador Roberto Crocianelli inauguró en Río Grande las nuevas instalaciones de la Casa de Pre Egreso, se conoció que la vivienda que era utilizada por el Servicio Penitenciario era reclamada desde hacía un largo tiempo por el Banco de Tierra del Fuego.

 

La vivienda donde funcionaba la Unidad de Detención Nº 2 se encontraba ubicada sobre la calle Guayaquil del barrio San Martín (Chacra II), donde los propios vecinos de la zona no se encontraban de acuerdo al funcionamiento de este establecimiento.

 

Asimismo, en el lugar, permanecían tan solo tres mujeres detenidas, las cuales  en los últimos meses lograron obtener diversos beneficios que les permitieron poder salir del lugar.

 

La primera de ellas, Karina Toledo, quien se encontraba detenida por el homicidio de Karina Leiva en el año 2009, logró cumplir los dos tercios de su condena, por lo que se le otorgó el beneficio de la libertad condicional. Las otras dos mujeres detenidas lograron ser beneficiadas por el cambio en la jurisprudencia en Tierra del Fuego y obtuvieron, en el caso de Shalon Quiróz el beneficio de la prisión domiciliaria, al encontrarse imputada y procesada por el homicidio de Marcelo Contreras, en tanto que Erica Amarilla, recientemente condenada por un violento robo a un remisero, se le concedió un estilo de prisión domiciliaria por parte de las autoridades del Tribunal de Juicio.

 

Ante esta situación, la cárcel de mujeres no contaba con personas detenidas, por lo que sacarla de funcionamiento no generó hasta el momento inconvenientes, en tanto que por el momento no se ha confirmado el lugar donde se alojarán a las mujeres que sean detenidas a partir de ahora.

 

De esta forma, nuevamente el Servicio Penitenciario de la provincia muestra una importante falta de política de Estado sobre el manejo de los edificios de detención, el personal y el control sobre las personas privadas de la libertad.