A diez días de las elecciones provinciales, al Gobierno de Córdoba le estalló un nuevo problema, esta vez derivado de la polémica licitación del grabado indeleble de autopartes de todas las unidades del parque automotor de Córdoba, para evitar el robo de las mismas, según la Ley Provincial Nº 10.100. Como se recuerda, la firma Grababus se quedó con el negocio, a razón de 400 pesos por vehículo. El operativo iba a comenzar el pasado 16 de marzo, pero horas después del inicio, el propio José Manuel de la Sota lo suspendió, sensible a las quejas y reclamos ciudadanos por el costo del servicio, que además es obligatorio. 

Pero por el costo y la dudosa utilidad, el escándalo estaba servido y De la Sota, oliendo problemas, congeló todo hasta nuevo aviso, supuestamente hasta despues de las elecciones provinciales. La situación dejó mal parado al ministro de Gobierno, Walter Saieg, cuya cartera fue la responsable de la decisión. Ayer se supo que la Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación rechazó la medida cautelar presentada por Grababus, a través de su titular, Jorge Sorensen, lo que implica que el grabado seguirá suspendido. En declaraciones al sitio Infonegocios, el empresario advirtió que si en las próximas horas no hay una respuesta del Gobierno, iniciará una demanda judicial para reclamar resarcimiento por el supuesto perjuicio económico que implica para su empresa la suspensión del negocio. Según dijo, se sigue pagando el sueldo a 100 empleados y pagando costos fijos. Aunque no lo precisó, se trataría de una demanda millonaria.

En diálogo con LA MAÑANA, el ministro de Comunicación de la Provincia, Jorge Lawson, consideró “esperable” que Grababus acciones judicialmente contra la Provincia, y dejó la puerta abierta para un futuro acuerdo con la firma. Es decir, no descaró que luego de las elecciones (el día «6, 7 o 50», dijo), De la Sota revea la suspensión. “El gobernador ha dicho claramente que ordenó suspender” el inicio del grabado, “hasta después de las elecciones”, blanqueó el funcionario. “La empresa hace lo que tiene que hacer, que es defender sus derechos, aunque después desista. El Gobierno no puede impedirlo», afirmó. Asimismo, consideró dijo que siempre hay tiempo para dar marcha atrás con un reclamo judicial. Lawson justificó la licitación del marcado de las autopartes, como forma de evitar robo de repuestos. Además, aseguró que el servicio tiene “costo cero” para el contribuyente, ya que los $ 400 que cobraría Grababus “son deducibles del Impuesto al Automotor” que cobra la Provincia. “Tendría costo cero para quien lo haga voluntariamente”, destacó el funcionario, abriendo más la puerta a una marcha atrás por parte de la Provincia.

Fonseca pide explicaciones

Luego de que se conociera que la Justicia rechazó el amparo presentado por la firma Grababus para torcer la suspensión del inicio del grabado de autopartes, el legislador del Frente Cívico, Ricardo Fonseca, presentó un pedido de informes a la Legislatura para que el oficialismo brinde certezas sobre cómo seguirá el tema.

Fonseca se mostró preocupado por una posible demanda millonaria de la empresa contra la Provincia. “Solicitamos se informe sobre cuál será la posición que tomará el Gobierno provincial sobre esta situación y cuáles son las directivas y las respuestas que se darán en torno a este escenario, en un contexto electoral en donde otra mala decisión puede castigar nuevamente a las arcas provinciales”, indicó el legislador.