La Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) denunció a diez municipios bonaerenses por aplicar un “impuesto” encubierto sobre el precio de los combustibles.
Ayer, el secretario de Gobierno Mauro Gorer volvió a defender el cobro del plus, y rechazó la definición impuesta porque dijo que el municipio presta una “contraprestación” a cambio de la tasa, que es el mejoramiento de la trama urbana.
Según la denuncia presentada por la agrupación, en algunos casos el sobrecosto que se aplica a los consumidores es del 4% e incluye a las estaciones de servicio de YPF.
“Los consumidores tienen que saber que la denominada “tasa vial” que aplican algunos municipios es ilegal y no representa ganancia alguna para los estacioneros”, explicó Rosario Sica, titular de la FECRA.
Sobre este tema, el secretario de Gobierno Mauro Gorer resaltó que “más allá de las denuncias que pueden hacerse, nosotros entendemos como otros municipios que pusieron en marcha esta medida, que hay una contraprestación debida”.
“Nosotros reemplazamos la tasa de repavimentación por esta que se aplica a los combustibles por el uso de la trama urbana”, apuntó.
En este marco, aseguró que “un frentista que no tiene un vehículo se hacía cargo antes y pagaba un monto por repavimentación, mientras que ahora solamente la paga quien usa las calles”.
El funcionario dijo que “nosotros no encontramos motivo para llamarlo “impuesto encubierto”, creo que es una chicana política de parte de la oposición y de parte del empresario no había ninguna afectación sobre sus intereses comerciales.
Junín es una ciudad que más combustible vende en la región por persona, superando a Pergamino que es una ciudad de similares características”.
“Así que me parece que esta denuncia es simplemente una resistencia a cobrarla. El tema está en discusión de la Corte, al igual que algo similar que pasa en Córdoba”, agregó.
Gorer resaltó que “en el caso de YPF que podría entender que hay un doble tributo, están cobrando y tributan, más allá de los concesionarios que impusieron un amparo. Si hay una empresa del Gobierno Nacional que podría sumarse a la pretensión de los otros agencieros no lo hizo, así que entiende que estamos actuando en el marco de nuestras competencias”.
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