Otro sacudón en Viamonte 1366. La AFIP denunció a la Asociación del Fútbol Argentino y a tres clubes de Primera División por una evasión fiscal de nada menos que 330.000.000 de pesos.

Según señaló el organismo, 70.000.000 corresponden a deudas de la AFA y el resto a San Lorenzo, Independiente y Gimnasia La Plata. En el caso de los clubes es por no haber pagado el impuesto a las Ganancias al cierre del 2013 y el cuadro legal habla de "apropiación indebida de tributos", ya que la AFIP asegura que las retenciones fueron hechas pero el dinero nunca ingresó al fisco.

Esta movida se sumó a la que horas antes encabezó la jueza Servini de Cubría cuando ordenó secuestrar 2.000.000 de dólares que la AFA le había girado a Futbolistas Argentinos Agremiados, el sindicato que maneja a los jugadores, en el marco de la investigación del destino de los fondos del Fútbol para Todos.

Si bien tanto la AFIP como la Justicia tienen argumentos sólidos, llama la atención la rapidez con que se activaron causas que estaban dormidas en varios despachos. ¿Hay algo detrás? Los dirigentes del fútbol ven esta historia como otro apriete del Gobierno Nacional, en su búsqueda por no "entregarle" la AFA al ala moyanista y crear la Superliga que agrupe a los clubes más grandes del país.

Se entiende claramente por qué la casa madre es la principal apuntada y también por qué empiezan a aparecer los clubes (en estos días podría haber más denuncias de la AFIP en contra de otras instituciones).

Lo que le generó desconcierto a más de uno es por qué fueron contra Agremiados. Y muchos dirigentes que obviamente no adhieren a Macri tienen la respuesta: "como el Gobierno, representado por Daniel Angelici, viene presionando para que la AFA no quede en manos de gente del Ascenso y para que el Comité Ejecutivo apruebe rápido la Superliga, Agremiados estaba alerta para ver qué pasos iba a seguir. Es decir, si continuaban los aprietes y no bajaban el dinero del Fútbol Para Todos como correspondía, se venía un paro de jugadores".

Claro, ahora el gremio que conduce Sergio Marchi quedó absolutamente debilitado, en el centro de la escena e incluso muy mal parado ante sus representados.

Si bien a algunos les llamó la atención que en la denuncia de la AFIP esté San Lorenzo, dado que Marcelo Tinelli hoy es afín a Macri y es vicepresidente del club, la mayoría de los directivos que no están entre los siete que hoy diseñan la Superliga (Boca, River, Huracán, San Lorenzo, Vélez, Estudiantes y Racing) no dudan de tomar estas medidas como un mensaje que viene desde el Gobierno.

Y siempre aparece el nombre del Tano Angelici, señalado como el operador judicial de Macri, incluso por la misma Lilita Carrió, quien lo denunció en Tribunales. A tal punto pegó el tema, que algunos directivos consultados por LPO prefieren no hablar "cosas complicadas" por teléfono, lo que marca que la paronoia ya copó la escena y estos días que quedan para definir candidatos a la presidencia de la AFA y finalmente las elecciones (son el 30/6) serán tremendos.

"Angelici prometió tempestades y ya empezaron las lluvias. Fue muy claro cuando amenazó a Segura con intervenir la AFA y meter a todos en cana si no salía la Superliga. Acá está plantada una batalla mano a mano entre Moyano y el Gobierno Nacional, por eso todos los días habrá un bombazo", le dijo a este portal un dirigente de la B Nacional. Y pronosticó: "Hugo ahora está ocupado con la marcha de mañana, pero esperá que se ponga a pensar un poco... Angelici plantea una división entre ricos y pobres y nosotros vamos a pagar los platos rotos. Los ingresos de la AFA, que son los que nos quieren dar a nosotros, serán casi nulos hasta el Mundial de Qatar (2022) porque ya está todo cobrado y los equipos grandes se van a quedar con todo lo que genere la Superliga. Muchos vamos a desaparecer".

La movida de la AFIP también incluye un pedido a la Justicia para que a los clubes deudores se les embarguen los bienes, lo que representa otro mazazo para las economías destruidas de la mayoría.

Y lo que más preocupa a muchos dirigentes tiene que ver con que la responsabilidad penal podría alcanzar a los presidentes y miembros de Comisión Directiva de los momentos en que se generaron las deudas, ya que la ley estima penas de prisión de hasta seis años por "apropiación indebida de tributos fiscales".