La Comisaría Tercera fue el epicentro de un hecho inusual el pasado domingo, cuando una joven se presentó y manifestó entregó a su hijo de 3 años, ya que no lo soportaba, lo había golpeado y temía seguir haciéndolo. Mientras los uniformados solicitaban la intervención de organismos especializados, esta persona abofeteó al niño, lo que motivó su detención. La agresora, que cuenta con una historia de vida sumamente cruda, fue formalizada ayer y se le dictó una prohibición de acercarse a la víctima.

La joven fue identificada como M. J. E. y tiene 31 años. Por pedido de las partes, con intención de salvaguardar su integridad y la de su hijo, no se revela su nombre ni se muestras imágenes de ella.

La audiencia de formalización fue realizada este lunes en horas del mediodía en la Sala de Audiencias Nº 2 del Palacio de Tribunales de la Segunda Circunscripción Judicial, bajo la coordinación del juez de control Diego Ambrogetti. 

Cachetadas

Según relató la fiscal Ana Laura Ruffini, el hecho tuvo lugar el pasado domingo a las 3:30 horas, en la Seccional Tercera de General Pico. Allí se presentó la joven junto a su hijo y le manifestó al agente que la atendió, de apellido Rinaldi, que quería entregar al niño, porque no podía soportarlo, previamente lo golpeó y temía “sacarse” y lastimarlo gravemente.

Ante esto el uniformado, junto a sus compañeros, Bergés y Bustamante, le pidieron que esperara mientras que se comunicaban con la Comisaría Cuarta del Menor, ya que el caso era competencia de ellos. Durante esa espera los policías fueron testigos de cómo la M. J. E. cacheteó al chico, por lo que se lo quitaron y la demoraron.

Posteriormente, el niño fue llevado a la guardia del hospital Gobernador Centeno por personal de la Seccional Cuarta. En el nosocomio se constató que “no se observaron lesiones de gravedad ni que comprometan la vida o la salud del niño”.

La mujer quedó alojada en la Tercera y pasó luego a calidad de detenida, a disposición de la mencionada fiscal, que se encuentra de turno.

Restricción

La investigadora pidió que se formalice la investigación bajo la caratula provisoria de “lesiones leves calificadas por el vínculo”, al menos hasta que llegue la ampliación del certificado médico que pidió, ya que solo se especifica en el original que lesiones no tuvo y no cuales si padeció.

Además, Ruffini pidió la inmediata libertad de la sospechosa, dado que no existe peligro de fuga, debido a que la pena en expectativa es en suspenso e inclusive la causa podría resolverse con una suspensión de juicio a prueba.

Como si consideró que al quedar en libertad la joven podría persistir en su actitud, pidió que se le imponga una restricción de acercamiento y comunicación con su hijo, quien quedó a cargo de una de sus hermanas. Solicitó que la medida de coerción sustitutiva sea por el plazo de 90 días, tiempo en el que recogerá los testimonios de los uniformados testigos, de la médica que atendió al chico y de las asistentes sociales que intervinieron en el caso. Además, adelantó que si el niño está en condiciones quiere recoger su testimonio en Cámara Gesell.

Por último requirió que sea informada la delegación zona norte de Ministerio de Bienestar Social que está interviniendo en el tema.

Por su parte, la defensora oficial María José Gianinetto no se opuso a la figura elegida y adhirió al pedido de libertad. Si se mostró disconforme con la duración de la medida restricctiva, que pidió sea de 5 días corridos.

Finalmente, el juez Ambrogetti hizo lugar a los pedidos de la Fiscalía, y determinó que la prohibición de acercamiento sea por un plazo de 30 días corridos.

Victima

Más allá de que en esta causa su rol es el de investigada y posible autora de maltrato infantil, M. J. E. cuenta con una dura historia personal, marcada por el maltrato, el sometimiento, el abuso, la explotación sexual y el abandono.

La joven tiene además del niño golpeado otras tres niñas. La mayor de ellas se encuentra con una abuela en un pueblo del norte provincial; la siguiente, de 12 años, le fue quitada por el Estado y desconoce su paradero; mientras que la más pequeña, de 5 años, vive junto a ella, sus hermanos y su madre en una vivienda en General Pico.

En 15 de octubre de 2012 el juez de audiencia Fabricio Losi condenó a 14 años de prisión a José Ariel González (37), más conocido como “el proxeneta de Ingeniero Luiggi”, al encontrarlo culpable de los delitos de “promoción y facilitamiento de la prostitución en concurso ideal, con reducción a la servidumbre”. M. J. E. fue una de las dos mujeres rescatadas de la mano del condenado, quien las obligaba a prostituirse, las sometía a esclavitud y servidumbre, además de forzarlas a cometer actos sumamente degradantes y humillantes para cualquier ser humano.

El no cumplimiento de las legislaciones y los protocolos de asistencia a las víctimas de estos aberrantes delitos, habrían forzado a la joven a continuar vendiendo su cuerpo al no encontrar otra forma de sostenerse ni a ella ni a sus hijos. También la falta de atención y contención psicológica y emocional se evidenciaron en las determinaciones de la justicia de sacarle ya a tres de sus niños y reubicarlos con otros familiares u hogares sustitutos.