Es la primera estimación oficial sobre víctimas incluidas en causas judiciales. Hay 927 detenidos, más del 60% en cárceles y poco más del 30% en prisión domiciliaria. Se celebraron 123 juicios.
Desde la Procuraduría adelantaron además que desde 2003 hasta hoy fueron judicializados los casos de más de 10500 víctimas en todo el país. Se trata de un dato preliminar que aún no ha sido volcado en un informe. Su valor radica en que es el primer intento de un órgano del Estado en establecer la dimensión del universo de víctimas incluidas en causas judiciales desde la reapertura de los procesos.
La imagen de los juicios del presente, construida por la Procuraduría con los datos remitidos por todos los fiscales federales del país que intervienen en estos procesos, indica que casi el 60 por ciento de los procesados (un 58,15 por ciento) cuenta con una causa elevada a juicio (561 personas) o con requerimiento de elevación a juicio (otras 99) presentado por el Ministerio Público Fiscal. Eso significa que ese universo, integrado por 660 de las 1135 personas procesadas, se encuentra próximo a un juicio oral y público.
Entretanto, casi la mitad de los de los 561 que tienen al menos una causa elevada a juicio (268, es decir, un 47,7 por ciento) “ya ingresó a la etapa de juicio propiamente dicha (audiencias de debate) y se encuentra próximo a obtener una sentencia definitiva a su respecto”, indica la Procuraduría en su informe trimestral.
Condenados
Por otro lado, la cantidad de condenados desde 1983 asciende a 520, mientras que 58 han sido absueltos. La Procuraduría a cargo del fiscal General Jorge Auat aclaró que “la cantidad de condenados también ha crecido exponencialmente, al igual que el número total de procesados”.
Por otro lado también se resalta que “en el presente hay 927 personas detenidas, 26 personas más de las que habíamos registrado al mes de diciembre de 2013.
Civiles
La Procuraduría pone de relieve que desde 2012 las fiscalías han prestado “especial atención a las investigaciones sobre responsabilidad de actores civiles involucrados en el terrorismo de Estado”, colectivo que comprende a los funcionarios de gobierno y judiciales, por un lado, y a los empresario y grupos económicos, por otro.
El informe señala entre “los avances significativos”, el inicio del juicio en Mendoza, que tiene imputados a los ex jueces Rolando Evaristo Carrizo Elst, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz; el que comenzaría el próximo 11 de agosto en Santa Fe al ex juez de menores Luis María Vera Candioti; y el que tiene imputado al ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi en Mar del Plata.
Comentá la nota