El proyecto fundamenta que la actual metodología de cobranza atenta contra la capacidad financiera del Instituto y posterga el acceso a la vivienda propia de otros mendocinos con las mismas necesidades habitacionales.
Se trata del “Programa de regularización de barrios entregados por el I.P.V.”, pensado para mejorar el nivel de cobro y elaborado por el intendente Alfredo Cornejo.
Según contó el jefe comunal a este portal, la iniciativa fue bien recibida por el director del Instituto, Carmelo Simó, quien reconoció que “le gustó la idea, lo va a estudiar; inclusive habló de hacerlo extensivo a otros municipios”.
El proyecto fundamenta que la actual metodología aplicada para la cobranza atenta contra la capacidad financiera del IPV y posterga el acceso a la vivienda propia por parte de otros mendocinos que tienen las mismas necesidades habitacionales.
Aduce que uno de los motivos principales del bajo nivel de cobro del IPV es la ocupación provisional de las viviendas y la falta de emisión de las boletas, que se originan en un sin número de causas de orden social, legal, técnico o administrativo.
Cornejo indicó que con respecto a los adjudicatarios de las viviendas “hay tres tipos de casos: gente que no paga y está viviendo otra gente en esa casa, que tampoco paga; gente que no está viviendo en su casa y la alquila y paga la cuota el inquilino y gente que no paga sus cuotas y que no puede pagarlas pero que está viviendo en la casa”.
Un ejemplo es el caso de un vecino del barrio La Estanzuela que alquiló su vivienda del IPV y se fue a vivir a una casa rodante (ver foto).
El intendente sostuvo que quiere avanzar sobre estos casos pero “los municipios no tienen facultad para entrar en el tema porque toda la tiene le IPV”.
Asimismo, aclaró que hay unos 6.700 vecinos que se registraron para obtener una vivienda propia en su departamento y con este plan, pretende agilizar los trámites.
Es que se prevé que se confeccione un convenio marco por medio del cual el Instituto (IPV) le garantice al Municipio que este último sea el encargado de postular los beneficiarios por el recupero de viviendas, siempre que la iniciativa del inicio del proceso de desadjudicación de dichas viviendas haya sido por gestión municipal.

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