El Gobierno está terminando de delinear el informe sobre el tarifazo del gas que pidió la Corte Suprema hace dos semanas, a raíz de la solicitud del “per saltum” presentado por el Ejecutivo para sortear las instancias judiciales en las provincias, donde una ola de amparos frenó los ajustes dispuestos por el ministerio de Energía.

“Vamos a cumplir con el pedido. Parte de la información ya se fue mandando”, señalaron a BAE Negocios fuentes de la cartera conducida por Juan José Aranguren. El 12 de julio el Máximo Tribunal había dado un plazo de diez días hábiles para cumplir con su solicitud, por lo que la documentación deberá estar lista en los próximos días, si se tiene en cuenta que la feria judicial arrancó el 18 y finalizará en agosto.

Como todavía ninguno de los casos por las subas en el gas llegaron a la Corte, los jueces supremos evitaron dar una definición respecto al tarifazo y se limitaron a pedir explicaciones sobre las cuestiones más fáciles de responder sobre la implementación, como el impacto sobre los consumidores o el alcance de la tarifa social. De esta manera, evitaron resolver los dos pedidos de “per saltum” del Gobierno, cuestión que podría saldarse una vez concluida la feria.

“Explique los parámetros tenidos en cuenta para arribar a los aumentos de precios y tarifas contemplados en las Resoluciones 28/2016 y 31/2016 del ministerio de Energía y la relación de dichos aumentos con las pautas contenidas en el contrato de concesión”, exigió la Corte en el escrito.

Hasta ahora, el caso que está más cerca de llegar al Máximo Tribunal es el de la Cámara Federal de La Plata, que metió en aprietos a Aranguren al dar de baja las subas en el gas en todo el país. Como adelantó BAE Negocios, la Cámara se dispone a aceptar un recurso del Ejecutivo y así le daría vía libre para llegar a la Corte.

“Ya fuimos mandando parte de la información”,

explicaron fuentes del Ministerio de Energía

Lo cierto es que las falencias en la implementación del tarifazo llevaron al Gobierno a dar varias contramarchas: primero, al fijar un tope del 400% en las boletas para los usuarios que hubieran mantenido el mismo consumo del año pasado y, luego, fijando ese límite en las facturas, independientemente del nivel de consumo.

Sin embargo, la Cámara platense aclaró que ninguno de esos cambios está vigente porque en este momento continúa vigente la suspensión de los aumentos, por lo que los valores de la energía son los mismos que tenía antes de los ajustes.

La pelea por las audiencias El principal argumento de los camaristas para frenar los cambios en el cuadro tarifario fue la falta de convocatoria a las audiencias públicas, que se hicieron religiosamente desde los 90 cada vez que se quiso aumentar -o incluso bajar- el precio del gas. En este punto, el Gobierno justificó que las audiencias se habían realizado en el 2005 -argumento que fue rechazado por la Justicia- y que las audiencias son necesarias únicamente para el caso del transporte y la distribución, pero no para el precio del gas en boca de pozo, algo que difícilmente pueda aceptar la Corte, ya que si el Ejecutivo fijó el precio es porque se trata de un servicio público.

En la última resolución el ministerio de Energía adelantó las audiencias a octubre, pautadas originalmente para enero. Pero sólo para el transporte y la distribución y no para el gas, por lo que es esperable que la Justicia exija la realización de audiencias también para esa parte de la tarifa, que representa el 60% de las boletas.