La legisladora Verónica De María manifestó que, desde la Comisión 6, la cual preside, desconocen si el Gobierno provincial firmó un convenio con la Cooperativa Magui-Mar, anunciado a través de los medios de comunicación o bien un acuerdo entre Gobierno Provincial y Municipio de Ushuaia para la centralización de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad dispuestas por la administración local. “En cualquier caso vamos a impulsar un pedido de informes ya que los criterios de seguridad deben ser claros, únicos, centralizados, dirigidos por una fuerza con inteligencia desde el Gobierno. Los criterios diseñados desde el Municipio, acoplados, con lecturas sociales e hipótesis diferentes hace pensar que son coincidentes los criterios de Seguridad del Municipio de Ushuaia y del gobierno de Fabiana Ríos”, destacó.
De María agregó que “el Gobierno tendrá que pensar muy bien si pretende discutir la redistribución de los fondos coparticipables, porque por un lado sostenemos algunos legisladores que la Seguridad es única responsabilidad del Estado Provincial debiendo reformularse la distribución y, por otro lado, el mismo gobierno de Ríos le da status casi de seguridad pública a una empresa privada, contratada por la administración municipal para controlar a los asentamientos informales. Más aún, el gerente o responsable de la empresa privada sale al cruce de concejales discutiendo sobre criterios de seguridad en el ámbito local. Está claro que el gobierno provincial y el Municipio de Ushuaia mantienen una alianza de criterios que algunos de nosotros no compartimos”, aseguró.
La Parlamentaria opinó que el Ejecutivo, “tendrá que definir qué criterio van a sostener al momento de ingresar un proyecto sobre coparticipación porque detrás de un diseño de distribución de fondos debe haber una definición y un sentido claro. O se asume la responsabilidad de la seguridad pública o se descentralizan en los criterios de las ciudades”.
“Conversamos este asunto con (Manuel) Raimbault durante el día de ayer, en idéntico sentido lo hicimos con la Senadora Díaz y de manera conjunta coincidimos en no compartir los criterios políticos que en materia de Seguridad sostiene la gestión de gobierno, más aún, repudiamos los criterios sostenidos desde las políticas de seguridad del Municipio”.
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