La Superintendencia de Servicios de Salud publicó ayer una nueva resolución que reactiva los reintegros a las obras sociales por la cobertura a personas con discapacidad. Muchas habían sido suspendidas por la resolución 1.200, que obligaba a las obras sociales a hacerse cargo de esas prestaciones. Fue tal el rechazo de entidades que trabajan con discapacitados y sus familias que la Superintendencia debió suspender esa resolución hasta el 30 de noviembre próximo.

En estos días, recogió la opinión de las partes y volvió a reconocer los reintegros. La resolución 1.511/2012 publicada ayer en el Boletín Oficial no elimina la resolución 1.200 (que incorpora la cobertura de tratamientos oncológicos), sino que les asegura a las obras sociales un financiamiento específico (Mirá la resolución 1.511 de la Superintendencia de Servicios de Salud).

Es que la norma ratifica que estas entidades tienen “a su cargo con carácter obligatorio la cobertura total de las prestaciones básicas” previstas en la ley 24.901 de discapacidad.

Luego establece que esas prestaciones “serán financiadas con recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución”, conformado por aportes de trabajadores y empleadores para cubrir enfermedades de alto impacto económico.

“Han vuelto las prestaciones de estimulación temprana, módulo de maestro de apoyo, de integración escolar y transporte”, consideró la directora de Discapacidad de la Provincia, Patricia Arraigada.

Para Viviana Cuevas, del centro Efapp, se aclararon algunas cuestiones, como los valores máximos de reintegro. “Si es extra, las obras sociales tienen que hacerse cargo”, dijo. Objetó que se fije el 30 de junio como fecha para revalidar los presupuestos. “Eso puede ser una excusa para demorar los pagos”, consideró.

Qué se reconoce

Resolución 1.200. Modificaba la relación entre el Estado y las obras sociales. Quitaba reintegros a algunas prestaciones para discapacitados, reducía el monto a otras y reconocía coberturas oncológicas.

Ley de discapacidad. Se suponía que las obras sociales debían asumir las coberturas a discapacitados. Centros educativos y familias advertían que sería engorrosa y burocrática esa tarea y que, en definitiva, era un retroceso para un logro ya consagrado.

Marcha atrás. La resolución 1.200 no cubría el transporte escolar con fines educativos, los talleres de inserción laboral, la educación especial en centros privados y las maestras integradoras. En otros casos, se reducían los montos que se reconocían por fonoaudiología o psicopedagogía, entre otros. Todo eso será reconocido por el Estado a través del Fondo Solidario.

Monto único. La resolución 1.200 establecía un monto único por prestación. Ahora, la 1.511 vuelve a establecer montos por cada una de las tres categorías.