El Senado ha dado luz verde al proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que supondrá la creación de dos nuevos impuestos a instancias de la Comisión Europea: una tasa sobre los envases de plástico de un solo uso y otra que grava el depósito de desechos en vertederos y la incineración. Además, a través de dos enmiendas impulsadas por el PSOE, el Gobierno modifica la Ley de Aguas para poder recuperar el canon hidroeléctrico que deberán pagar las compañías eléctricas y que fue anulado por el Tribunal Supremo. Al haberse incluido modificaciones, el Congreso tendrá que votar de nuevo el proyecto para que entre en vigor, con lo que se retrasa todavía más su aplicación. La Comisión Europea está siguiendo de cerca la tramitación de esta norma y ha abierto un expediente de infracción contra España por no haber aplicado ya el veto a la comercialización de varios productos de plástico de un solo uso.

Esta ley —que ha salido adelante en el Senado gracias fundamentalmente a los votos favorables del PSOE y los nacionalistas vascos y la abstención del PP— tiene que ayudar a que España corrija el rumbo en la gestión de sus desechos, porque el país tiene un problema con sus residuos y el deficiente tratamiento de las basuras está en el punto de mira de Bruselas. La UE se impuso hace más de una década unos objetivos de reciclaje para 2020: todos los miembros deberían llegar a ese año con una tasa de reciclaje de los residuos municipales del 50%. Pero España se quedó en 2020 en el 36%, según los datos de Eurostat. Lejos de aflojar en las metas para los próximos años, Europa ha establecido objetivos todavía más duros y en 2030 se deberá llegar al 60% y en 2035, al 65%.

La ley también supondrá que desde su entrada en vigor estará vetada la comercialización de determinados utensilios de plástico de un solo uso como pajitas, vasos y platos, y se prohibirá añadir microplásticos a cosméticos o productos de limpieza. La norma también contempla la obligación de que los bares ofrezcan agua no embotellada gratis a los clientes, el impulso a la venta a granel en las grandes superficies comerciales y ofrece amparo legal a los ayuntamientos para que puedan prohibir que se fume en las playas.

Pero lo que más problemas ha generado en su tramitación son los tributos que se incluyen en la norma. En el caso de la tasa al vertido y la incineración, que busca reducir la cantidad de basuras que en España no se reciclan, una decena de comunidades autónomas cuenta con gravámenes de este tipo. Pero la Comisión Europea ha instado al Gobierno a que cree un impuesto estatal para evitar que los residuos viajen entre regiones para esquivar esas tasas.

Cataluña es una de las comunidades que cuenta desde hace años con su propio canon. Y, aunque en el Senado se ha aprobado una enmienda para que las autonomías que ya dispongan de esta figura impositiva mantengan prácticamente toda la gestión del tributo, tanto ERC como Junts per Catalunya han votado en contra de la ley, como ya hicieron en el Congreso. Consideran que la nueva tasa estatal supone una “recentralización”, en palabras de Xavier Castellana i Gamisans, de ERC. El portavoz del PSOE, Fernando Lastra, sin embargo, ha recordado que la Comisión Europea ha pedido a España a través de dos informes de alerta temprana ese tributo nacional.