Mendoza dio un paso fundamental en materia ambiental con la publicación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Esta normativa no solo moderniza el manejo de la basura tras décadas de legislación desactualizada, sino que establece un Sistema Provincial de Residuos con objetivos ambiciosos y plazos concretos para proteger el ambiente y la salud pública.

El objetivo central es mejorar la gestión de los residuos bajo principios de precaución, prevención y economía circular. Esto implica un giro total en la manera en que la provincia aborda la basura, desde que se genera hasta su disposición final.

Adiós a los basurales a cielo abierto y regionalización

Uno de los puntos más trascendentales de la Ley es la prohibición y erradicación definitiva de los basurales a cielo abierto. Los municipios tendrán la obligación de relevar, remediar y cerrar estos sitios, un pasivo ambiental que impacta directamente en la calidad de vida de los mendocinos.

Para lograr una gestión más eficiente, la ley establece una regionalización del sistema en cuatro grandes zonas operativas:

- Zona Metropolitana: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo y Maipú.

- Zona Este: San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

- Zona Centro: San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

- Zona Sur: San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Esta división busca fomentar la asociatividad entre municipios a través de consorcios, permitiendo el aprovechamiento de la economía de escala y facilitando la creación de Centros Tecnificados de Economía Circular para el tratamiento y valorización de los residuos.

Separación en origen y el rol clave de los recuperadores

La nueva normativa subraya la responsabilidad del ciudadano como generador de residuos, impulsando la separación en origen y la posterior recolección diferenciada a nivel municipal.

Además, por primera vez, la Ley reconoce y busca formalizar el trabajo de los recuperadores urbanos como un eslabón esencial del Sistema GIRSU. Los municipios deberán desarrollar Planes de Inclusión Social para integrarlos, fortaleciendo su rol en la cadena de reciclaje.

Trazabilidad, control y sanciones

La transparencia y la fiscalización son pilares del nuevo sistema. Se creará una herramienta digital de trazabilidad para monitorear el recorrido de los RSU desde su generación hasta la disposición final, aportando datos confiables para la toma de decisiones.

En cuanto a su cumplimiento, la ley es estricta: el Ministerio de Energía y Ambiente será la Autoridad de Aplicación, encargado de elaborar el Plan Provincial de Residuos. El incumplimiento de las obligaciones podrá ser sancionado con multas que van desde mil (1.000) hasta un millón (1.000.000) de Unidades Fiscales, suspensión de actividades y hasta el cese definitivo, obligando al infractor a la recomposición del daño ambiental.