El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones anunció que irá a la Justicia para "evitar que usen a niños" en movilizaciones que casi siempre son para exigir derechos humanos.
El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones realizará este miércoles presentaciones judiciales para evitar que los niños no sean llevados a las protestas que planea realizar la CTA en varios puntos de la provincia.
Las presentaciones apuntan a "impedir que sean usados como escudos humanos en los piquetes y a garantizar el respeto de los derechos del niño, que fija la Convención Internacional y en la ley provincial II –antes 3820- de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes".
Las presentaciones serán realizadas por el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, en los juzgados de Jardín América, Puerto Rico y Eldorado, donde se concentrará el foco de la protesta.
El reclamo de la cartera de Derechos Humanos pretende impedir que los chicos y mujeres embarazadas "sean puestos como barreras" en las protestas, en una clara muestra de que la represión violenta -como la de la semana pasada en El Alázar- volverá a ser una de las armas que tiene previsto usar el Gobierno para acallar las voces críticas de la población misionera.
“El Ministerio de Derechos Humanos de forma alguna avalará o tolerará la utilización de niños y adolescentes en ningún tipo de protesta social, por más valedero que sea considerado su reclamo. Este Ministerio velará por el efectivo respeto a los derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley II Nro. 16 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, argumentó Soria Vieta a través de un comunicado de prensa.
Ambas normas establecen que se respetarán los derechos de los padres, principales responsables de velar por el bienestar general de sus hijos, pero si esa responsabilidad no es asumida de forma acorde al respeto por los derechos fundamentales de los niños es el Estado el responsable de velar por ellos. En virtud de ello, se han adoptado las medidas necesarias para que la justicia intervenga en caso de observarse a niños, niñas, adolescentes y embarazadas en manifestaciones en lugares públicos y/o cortes de rutas.
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