Es tiempo de pases de factura entre el Gobierno y la Legislatura. En ese marco puede inscribirse el reclamo del Poder Ejecutivo de una ley para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial que fue redactada en setiembre, poco después de la muerte del médico Sebastián Prado, y todavía no ha sido aprobada por la Cámara de Diputados.

El proyecto tiene un título pretencioso: “Transformación de la Justicia”. Sin embargo, su alcance no tan amplio. En pocos artículos propone en realidad una fusión o transformación de varios órganos judiciales: que los juzgados correccionales sean también juzgados de garantías en muchos casos y de flagrancia en algunos otros.

Para el Poder Ejecutivo, esta ley le daría más “celeridad y eficacia” a la Justicia porque habría más “decisores”. Un aumento de los juzgados de garantías permitiría, por ejemplo, acelerar la aprobación de las órdenes de allanamiento para la Policía. Con el cambio, además, la Justicia de Flagrancia (que se ocupa de aquellos casos donde la Policía detiene a los delincuentes “in fraganti") llegaría al Este de la provincia.

La iniciativa ya ha sido analizada en la comisión de Legislación de la Cámara Baja y, a pesar de que el oficialismo y la oposición tienen distintas opiniones sobre su impacto, prácticamente nadie se ha manifestado en contra.

Pero todavía no se trata y ese detalle genera ansiedad en el Poder Ejecutivo. “El debate está agotado y el proyecto debería votarse”, aseguró la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, quien no dudó en sostener que los diputados tendrían que llevarlo al recinto y decidir cuanto antes si lo aprobarán o no.

Crisis. La crisis de la seguridad pública apuró una serie de proyectos después de la muerte de Prado. Pero después, la campaña electoral y otros factores demoraron su aprobación legislativa.

La tensión política entre los poderes creció la semana pasada cuando algunos legisladores aseguraron que el gobernador Francisco Pérez los había tratado de “vagos” en una asamblea con taxistas que se convocaron en la Casa de Gobierno por el asesinato de un colega.

Desde la Legislatura devolvieron el golpe. Acusaron al gobernador de improvisar medidas y de estar en mora con la ley de creación de la Policía Judicial, que fue una de las promesas tras el crimen del médico del hospital Central.

Consultada al respecto, la subsecretaria Ronda recalcó que la Policía Judicial ya está en marcha gracias al traslado de efectivos del Ministerio de Seguridad a la Justicia y dijo que la ley orgánica para la creación de este organismo merece una discusión amplia. Pero contrastó ese caso con el del proyecto para transformar los juzgados correccionales, que sí requiere, según su criterio, más velocidad en la Legislatura.

“La ley de Transformación de la Justicia es más sencilla. Dispone el uso de recursos ociosos y no requiere un mayor presupuesto. Ya se informó en dos reuniones de comisión y se evacuaron las dudas”, expresó la funcionaria, quien resaltó el acuerdo del coordinador de la Corte Raúl Vicchi para que se haga el cambio.

Respuesta radical. Ante este cuestionamiento, el diputado radical Luis Petri sugirió que Ronda “articule la aprobación del proyecto con el bloque de diputados del PJ, porque nosotros no hemos puesto trabas”.

El legislador sugirió que es el propio oficialismo el que no demuestra “voluntad política” de llevar el proyecto al recinto y prometió el acompañamiento radical de la iniciativa, dado que amplía la competencia de los jueces correccionales sin generar más gastos.

Eso sí, aprovechó para marcar diferencias de fondo. “Esta ley no va a mejorar la persecución penal porque para eso hace falta que designen más fiscales”, afirmó.