Durante la última semana, el fiscal Blas Meza Evans presentó en Rawson una denuncia por dos resoluciones “mellizas”, destinadas a beneficiar a un grupo de empresas petroleras con la condonación del pago del canon de esa actividad industrial.

A partir de dicha presentación, comenzaron a conocerse detalles de un caso iniciado en 2009, que nunca había encontrado repercusión en la Justicia, a pesar de que en torno al mismo se tejen sospechas de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y administración fraudulenta.

La denuncia se origina en las resoluciones 09/09 y 10/09 de la Secretaría de Hidrocarburos y Minería de la provincia, que en ese entonces estaba a cargo de Luis Eduardo Tarrío, un contador que actualmente ocupa la Secretaría de Hacienda del municipio de Puerto Madryn, sin trayectoria en el sector energético pero con una estrecha vinculación con el ex gobernador Mario Das Neves. Las resoluciones en cuestión condonaban al grupo integrado por las firmas Cliveden Petróleo Argentina SA, Integra Investment SA y Kilwer SA el pago del canon por exploración de áreas petroleras correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011.

Este acto, que a los ojos de un observador distraído podría parecer normal, escondía diversas irregularidades que sólo vieron la luz a partir de la designación de Tarrío al frente de Petrominera, luego del recordado enfrentamiento entre Néstor Di Pierro y Mario Das Neves tras los mediáticos dichos del actual intendente comodorense.

INTIMACION

Para ocupar la Secretaría de Hidrocarburos vacante se llamó a Sergio Schiavone, un profesional con pasado en YPF y en ese entonces al mando de una exitosa empresa de servicios de cierre de pozo.

Schiavone, asumido el 6 de julio de 2009, recibió el reclamo del área provincial de Rentas respecto a diversas operadoras que no hacían efectivo el pago del canon. A partir de esto, el funcionario ordenó que se intimara a las empresas a pagar.

Luego de enviarle al menos un par de notas al grupo integrado por Cliveden, Integra y Kilwer, obtuvo por respuesta copia de las resoluciones que supuestamente las eximía de las responsabilidades sobre el canon. A Schiavone esto le llamó la atención, dado que recordaba haber firmado una resolución 10/09, pero relativa al registro de empresas locales. Efectivamente, ni las resoluciones 09/09 ni 10/09 de Tarrío estaban publicadas en el Boletín Oficial, sino que sus números correspondían a otras normas.

SIN RESPUESTA

Ante la evidencia de hallarse ante resoluciones mellizas, Schiavone pidió la intervención de diversas áreas gubernamentales a fin de determinar lo ocurrido. Sin embargo, al notar que las investigaciones no avanzaban, decidió plantearle la situación directamente al ex gobernador Mario Das Neves.

Los detalles de esa conversación son desconocidos, pero el resultado fue la renuncia de Schiavone y su inmediato reemplazo por quien, sugestivamente, había sido su antecesor y firmante de las resoluciones cuestionadas: Luis Eduardo Tarrío.

Fue entonces cuando Schiavone llevó el tema a los medios. Pero, aún así, no hubo fiscal alguno que se interesara por sus denuncias. Solamente se prosiguió con una investigación administrativa interna de la Secretaría de Hidrocarburos al frente de Tarrío, que terminó determinando que todo había sido un “error formal” y haciendo recaer las culpas sobre una empleada de la dependencia.

DENUNCIA

Tres años después, la denuncia del fiscal Meza Evans parece intentar que regresen las cosas a su lugar. A pesar de que el tiempo transcurrido haya puesto un nuevo obstáculo en el camino a la verdad.

Pero Meza Evans se muestra confiado. Para él, tal como consta en el escrito presentado ante la fiscal Silvia Pereira, la emisión de resoluciones mellizas “desnuda en realidad la existencia de dos actos administrativos ilegales, que además pretendieron ocultarse deliberadamente”.

Por si fuera poco, de acuerdo con lo que sostiene la denuncia, también hay inconsistencias en los aspectos legales de las resoluciones mellizas, ya que se disfraza a las condonaciones de pago de compensaciones entre conceptos que no son compensables y, asimismo, este tipo de condonación estaba fuera de las atribuciones de la Secretaría de Hidrocarburos y corresponde a la Legislatura Provincial.

Al respecto, la denuncia consigna que “no sólo dictaron dos actos ilegales, dado su falta de facultades de condonar el canon de un permisionario de áreas de exploración petrolera, sino que, con plena conciencia del delito que se cometía, se pretendió disimular la condonación de obligaciones actuales y futuras, enmascarándolas con compensaciones con supuestas inversiones realizadas o a realizar por las empresas permisionarias. Las inversiones comprometidas por las permisionarias no son compensables con el canon que la misma debe pagar. Tanto el canon como las inversiones son obligaciones a enfrentar por el tercero que contrata con el Estado”.

Además, la denuncia de Meza Evans busca dilucidar uno de los aspectos más oscuros del caso, que es la composición del grupo empresario que obtuvo estos beneficios mediante irregularidades.

Por eso, de acuerdo con el pedido de la Fiscalía de Estado, se pondrá la lupa sobre las empresas Cliveden, Integra Investment y Kilwer.