El Tribunal de Cuentas podría controlar el tributo casi en tiempo real. Finanzas establecería un esquema de trazabilidad de los recursos. Buscan despejar críticas sobre el destino de la recaudación.
El proyecto, que es supervisado por el titular de esa cartera, Ángel Elettore, apunta a despejar las dudas y críticas planteadas desde la oposición y diferentes sectores económicos acerca del destino real de los fondos que se recaudan con ese tributo.
Según fuentes oficiales, la iniciativa contempla la participación del Tribunal de Cuentas, para que ese organismo pueda controlar casi en tiempo real los movimientos de la cuenta especial en la que ingresan y egresan los fondos provenientes del recargo que se paga sobre el consumo de naftas, gasoil y GNC.
El viernes pasado, mediante el Decreto Nº 1605, el Ejecutivo profundizó la reglamentación de la tasa vial, a la que calificó como el equivalente a un “peaje indirecto” y reveló que la recaudación se deposita en la cuenta 400460/02 del Banco de Córdoba.
La idea de Elettore es entregar a los tribunos un detalle mensual de los movimientos de esa cuenta y complementar esa información con la afectación específica que tiene el dinero.
En promedio, el Estado provincial obtiene alrededor de 1,41 millón de pesos diarios por la tasa que grava el expendio de combustibles en todo el territorio local.
El Gobierno cree que con esta herramienta también tendrá información actualizada para ofrecer ante algún requerimiento judicial, incluso desde la Corte Suprema.
El alto cuerpo tiene bajo análisis al polémico tributo, después de que la Procuración General de la Nación le solicitara que declare la inconstitucionalidad de la tasa.
Defensa. Destinado a rebatir los argumentos que cuestionan la validez inconstitucionalidad de la tasa vial, el decreto que la Provincia oficializó el viernes pasado apunta a corregir los aspectos del tributo que podrían alentar interpretaciones jurídicas de doble imposición.
La norma define a la tasa vial como un “sistema de peaje indirecto” que pagan al momento de cargar combustible “todos quienes tienen la red caminera provincial a su disposición para usarla en el momento en que así lo dispongan”.
Además, se menciona “una razón de necesidad y conveniencia pública, consistente en que este Gobierno ha debido derivar recursos sustanciales a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia” debido al corte de los aportes nacionales para afrontar el déficit previsional.
En los considerandos hay “aclaraciones” que apuntan a diferenciar a la tasa vial de un impuesto. “La tasa se refiere a un servicio determinado y con ella se cubre el gasto que ocasiona la prestación de dicho servicio.
El impuesto, en cambio, se paga en proporcionalidad a la capacidad contributiva del sujeto pasivo y su característica es la generalidad, pues tiende a costear las funciones y servicios del Estado”, dice el decreto, citando jurisprudencia de la Corte.
En tal sentido, agrega que “no se da el supuesto de doble o múltiple imposición ya que, examinando comparativamente la tasa vial provincial con cualquier impuesto nacional, bajo ningún aspecto se presenta una coincidencia sustancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases de medición”.
Además, exceptúa del pago a quienes adquieran fuel oil y a las empresas refinadoras que utilizan combustibles en procesos industriales. Junto a otras exenciones anteriores, apuntan a eximir a quienes no usan el combustible para transitar por la red caminera provincial.
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