Docentes de Santa Cruz sostenían ayer el paro iniciado el 15 de abril y apelarán el fallo judicial que los intimó a acatar la conciliación obligatoria, en tanto el gobierno preparaba sanciones económicas y grupos de maestros en conflicto obstaculizaban la inscripción de suplentes.
La medida, explicó, «es diferente a la multa de 1.000 pesos diarios que ya impuso el juez Carlos Arenillas» a las asociaciones Docentes de Santa Cruz (Adosac) y del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), bajo apercibimiento de acciones penales por desobediencia si no acatan la conciliación obligatoria.
Ambas entidades debatieron el sábado con sus afiliados la respuesta a la medida dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, y aunque pasaron a cuarto intermedio hasta esta semana decidieron apelar y no volver a clases.
Ese mismo día, al finalizar la primera reunión anual del consejo justicialista, el gobernador, Daniel Peralta, anunció que aplicará a los sindicatos una multa de 5.000 pesos diarios por afiliado en paro si no acatan la conciliación, en un conflicto que arrancó con las clases por una demanda de aumento salarial del 50 por ciento.
«Los sindicatos tendrán que informar cuántos maestros están de paro», apuntó el mandatario, ya que los porcentajes de adhesión son del 38 al 42 por ciento según el gobierno y rondan el 60 de acuerdo con estimaciones del sector.
El gobierno realizó hasta ahora tres propuestas, del 20, el 23 y el 25 por ciento, en pagos escalonados, que fueron rechazadas. El titular de la Adosac, Pedro Muñoz, dijo ayer que «si mejoran» la oferta podrían levantar las medidas de fuerza.
Muñoz manifestó que los docentes «quieren negociar y destrabar el conflicto» y comentó que le pidió a la CTERA -en la que está encuadrado el sindicato- que gestione la mediación del Ministerio de Trabajo de la Nación.
El secretario adjunto de la Adosac, Alejandro Leone, confirmó ayer a Télam que retomarán las deliberaciones «el jueves, en Pico Truncado», localidad petrolera situada unos 800 kilómetros al norte de Río Gallegos.
Mientras tanto, grupos de maestros se apostaron «dentro y fuera de la junta de clasificación para intimidar a las personas que llegan a inscribirse como suplentes», indicaron fuentes del Consejo Provincial de Educación (CPE).
El organismo -equivalente a un ministerio de Educación pero con representación de docentes y de padres-, facultó la semana pasada a las juntas a anotar fuera de término a postulantes para ejercer suplencias, entre otras medidas que permitan retomar las clases.
El titular del CPE -equivalente a un Ministerio de Educación pero con representación de docentes y padres-, Roberto Borselli, dijo a Télam que la presencia de personas con «actitud intimidatoria» hacia los potenciales reemplazantes de maestros en huelga «ya fue denunciada ante la Fiscalía».
Actividades
En tanto, ayer en el gremio docente de la filial Caleta Olivia, encabezado por su secretario general Daniel Gómez realizaron una conferencia de prensa donde anunciaron que “desde el sector estamos tratando de contrarrestar todas las declaraciones del gobierno con una forma de hablar, que por ahí no da todos los datos que realmente brinda”.
En tanto, el congresal Juan Carlos Gallegos consideró que “es una responsabilidad no solamente comunicar a los compañeros en lucha, sino a toda la sociedad. Hay una provocación del gobierno que ha intentado poner en tela de juicio, que llevamos el reclamo salarial poniéndolo ante la sociedad que disputamos un espacio de poder.
“Queremos ser claro que la ADOSAC desde el 28 de febrero lleva adelante un conflicto puramente salarial. Lo decimos desde el comienzo, de que nuestra medida de fuerza y lucha tiene que ver con eso. Esta a las claras que la ADOSAC nunca ha sido inflexible con un pedido de aumento salarial”, indicó.
Gallegos indicó que “el año pasado solicitó un aumento salarial del 30 por ciento y terminamos arreglando por un 18 por ciento. Este año si bien, en todas las asambleas se pidió un 50 por ciento, el gremio nunca fue inflexible a ese 50 por ciento. Queremos dar el mensaje a la sociedad que siempre estuvimos dispuestos a negociar ese 50 por ciento”, sostuvo.
En tanto, consideró que “más allá de esta provocación, con respecto a la disputa del poder como lo han planteado ellos, queremos recalcar que peleamos por nuestro salario y no somos inflexibles en ese 50 por ciento”, reiteró y aseguró que “estamos dispuesto a negociar en función que el gobierno plantee que el 25 por ciento puede mejorarse. El Congreso de la ADOSAC resolvió esto en función de lo que está pasando”.
“Este conflicto lleva mucho tiempo y ADOSAC muestra esta apertura al diálogo y abrir una mesa de negociación. Pero quien nos deben llamar es el gobierno provincial”. Juan Carlos Gallegos
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