La presidenta Cristina Fernández y su par chileno, Sebastián Piñera, conversaron el sábado último en Santiago sobre el pedido de extradición de Apablaza Guerra, acusado del homicidio del senador Jaime Guzmán y del secuestro del empresario periodístico Christian Edwards en 1991, en el período democrático.

   La Corte Suprema autorizó la semana pasada su extradición a Chile por entender que los crímenes de los que se lo acusa “son ajenos a la tradicional noción de delito político”, aunque resguardó la atribución del Poder Ejecutivo de concederle la categoría de refugiado político.

   El Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare), que depende del Ministerio del Interior, tiene en análisis este tema desde 2004 por pedido de Apablaza Guerra.

   “Tenemos una relación muy buena, muy intensa, de mucho respeto y no la vamos a alterar”, enfatizó Timerman y subrayó que el caso del ex guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez “se va a resolver con respeto tanto para las leyes argentinas como para las chilenas”.

   En ese sentido, el canciller indicó que “tenemos nuestros pasos legales y procedimientos, no nos vamos a apurar ni confundir por este denso ataque mediático de los nuevos demócratas que han descubierto temas que antes no trataban”.

   En declaraciones a radio La Red, desde la ciudad de Nueva York donde arribó para participar de la Asamblea Anual de Naciones Unidas junto con la presidenta Cristina Fernández, el ministro de Relaciones Exteriores subrayó que el caso Apablaza “se va a resolver con respeto tanto para las leyes argentinas como para las chilenas”.

   “Vamos a esperar. Hay un comité especializado en estos temas, que son los que tienen que elevar el informe para que decida el Poder Ejecutivo. No voy a especular hasta que no tenga ni el informe ni el fallo (de la Corte Suprema) que no vi todavía”, señaló Timerman.

   En contraposición, el senador radical aseguró que “Apablaza cometió un delito común en Chile, lo ha reconocido la justicia de Chile. Lo quiere juzgar por un delito común que no tiene nada que ver con la política”.

   Según Sanz, se debería “conceder inmediatamente la extradición. No se puede mezclar el asilo político cuando el país de origen, donde impera la democracia, lo está juzgando por un delito común cometido por este hombre en democracia también en Chile”.

   En declaraciones radiales, agregó que “pareciera que el único escollo es el gobierno (argentino) que pretende caratular todo esto como un delito político y a Apablaza como una suerte de refugiado político”.

   “En Chile, los organismos de derechos humanos, el oficialismo y la oposición coinciden en que institucionalmente se pida la extradición. La Corte Suprema argentina también coincide. El gobierno siempre a contramano de todo lo que piensa la mayoría”, se quejó el dirigente radical.

   “No sé qué inventará el gobierno. La capacidad de asombro mía pasó todos los límites. No sé de qué manera podría defender a este hombre, pero me parece que hace muy mal a las relaciones internacionales”, opinó Sanz, antes de que la presidente Crisitina Kirchner resuelva la cuestión.