Mientras los docentes sostenían ayer la medida de fuerza y preparaban la apelación al fallo del juez Carlos Arenilla, el Gobierno hacía lo propio con las sanciones económicas que aplicará, desde la faz administrativa, a los gremios en huelga. También se advirtió que se denunciará a la Justicia la obstaculización de inscripción de suplentes en la Junta de Clasificación por parte de un grupo de maestros.

La Secretaría de Trabajo local “elabora la multa administrativa prevista en la ley 25.212, que es el Pacto Federal del Trabajo al que la provincia ha adherido” y que en este tipo de situación puede aplicarse a los sindicatos “por cada uno de sus afiliados” en huelga, dijo a Télam el jefe de Gabinete, Pablo González.

La medida, explicó, “es diferente a la multa de 1.000 pesos diarios que ya impuso el juez Carlos Arenillas” a la ADOSAC y a la AMET, bajo apercibimiento de acciones penales por desobediencia si no acatan la conciliación obligatoria.

En realidad, el cumplimiento de la ley 25.212 habla de afiliado en huelga, en tanto que la otra opción es por aplicación de la ley 2.450 que presupone una fórmula por afiliado un poco más complicada, al tiempo que abarca al universo de afiliados al gremio sin distinguir si están en huelga o no y presupone la tramitación previa de un sumario por obstrucción a la actuación de la autoridad laboral.

Entre ambas opciones hoy se estudia cuál es la más conveniente, y eso se definiría en el transcurso de la semana. Si bien el “modelo Tomada” es el que más seduce, se analiza si se aplicará sobre el total de los afiliados, de no informar los gremios la cantidad real de adheridos a la huelga, algo que será muy difícil que ocurra.

Tanto AMET como ADOSAC debatieron el sábado con sus afiliados la respuesta a la medida dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, y aunque pasaron a cuarto intermedio hasta esta semana, decidieron apelar y no volver a clases.

Ese mismo día, al finalizar la primera reunión anual del Consejo Justicialista, el gobernador Daniel Peralta anunció que aplicará a los sindicatos una multa de 5.000 pesos diarios por afiliado en paro si no acatan la conciliación. Fue el propio mandatario quien afirmó que “los sindicatos tendrán que informar cuántos maestros están de paro”, apuntó el mandatario, ya que los porcentajes de adhesión son del 38 al 42 por ciento según el Gobierno y rondan el 60 de acuerdo con estimaciones del sector.

Desde el Gobierno recordaron que se realizaron hasta ahora tres propuestas, del 20, el 23 y el 25 por ciento, en pagos escalonados, que fueron rechazadas. Por su parte, el titular de la Adosac Pedro Muñoz dijo ayer que “si mejoran” la oferta podrían levantar las medidas de fuerza. Muñoz manifestó que los docentes “quieren negociar y destrabar el conflicto” y comentó que le pidió a la CTERA -en la que está encuadrado el sindicato- que gestione la mediación del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Mientras tanto, el presidente del Consejo Provincial de Educación, Roberto Borselli, anunció que se denunció ante la Fiscalía de turno al grupo de maestros que se apostó “dentro y fuera de la Junta de Clasificación para intimidar a las personas que llegan a inscribirse como suplentes”.