El Gobierno pagará a un estudio jurídico de Buenos Aires 630.000 pesos para que represente a la provincia ante la Corte Suprema de Justicia, en una disputa limítrofe que mantiene con Salta.

Así surge de la información publicada en el Boletín Oficial del 16 de noviembre, en donde se autoriza a la Fiscalía de Estado a contratar el estudio jurídico Cassagne, a fin de atender la causa que se tramita ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, para que Salta respete el límite interprovincial que parte del "volcán del azufre" y pasa por los cerros Archibarca y Ratones, hasta el cerro Incahuasi.

Para esta representación, el área a cargo de Simón Hernández pagará al titular del estudio, Juan Carlos Cassagne, jugosos honorarios: 242.350 pesos y 96.800 dólares, que al cambio actual son 387.000 pesos. Es decir, un total de 629.550 pesos.

Según argumentó el organismo, "la importancia y trascendencia de la causa requiere la asistencia de profesionales de prestigio nacional (...) a fin de la obtención de una sentencia favorable a los intereses de Catamarca".

En este sentido, Hernández argumentó que Cassagne "es un jurista de reconocido prestigio académico y profesional tanto en el ámbito nacional como internacional".

Para poder realizar la contratación directa por el monto que requirió el abogado porteño, Fiscalía de Estado fue exceptuada de los límites que impone la normativa vigente.

El trámite

La demanda que seguirá el letrado es la que inició Catamarca contra la vecina provincia en los términos del artículo 127 de la Constitución Nacional, de manera que Salta respete la jurisdicción catamarqueña en la zona limítrofe norte del Estado provincial, y "cese en los distintos avances y hostilidades que Salta viene efectuando en territorio catamarqueño".

Por otro lado, las autoridades provinciales reclamaron a las salteñas que adecue su Registro Cartográfico Minero "a los límites interprovinciales oficiales", de manera que "cese en el aprovechamiento de los recursos naturales de la zona porque genera un verdadero impacto ambiental", y disponga "el efectivo amojonamiento en el lugar según límites ya establecidos".