El Gobierno difundió, ayer, una batería de opiniones de funcionarios d que no aceptan el dictamen que emitió el doctor Virgilio Martínez de Sucre, obligando a llamar a licitación pública si se pretende hacer un negocio con una empresa privada, entregando el gas en concepto de pago.
El funcionario dijo que existe una «sistemática obstrucción a cada uno de los caminos que tomamos», y anotó que «si bien no le hago cargo a nadie en particular de esta situación, sí quiero decir que es lo que yo siento en cada gestión que llevo adelante, y que por ello cuesta muchísimo poder avanzar en cualquiera de los temas».
Contrastando con esto, el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, fue más mesurado y lamentó que el Fiscal de Estado haya dado un margen escaso de tiempo para poder remitir todos los antecedentes del acuerdo, de manera que pueda tener más elementos de prueba a la hora de resolver el planteo que hizo la CGT regional Ushuaia.
Eduardo Olivero, secretario Legal y Técnico, el funcionario a quien más hondo caló, esta decisión del organismo de control, insistió en que «este es un procedimiento que se puede hacer tranquilamente por contratación directa, y que así y todo ha sido habilitado expresamente por la Secretaría de Energía de la Nación. Esa es la naturaleza jurídica correcta de la operatoria».
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