No descartan atacar también la resolución de la Justicia mendocina que frena la vigencia del decreto.
En caso de que eso suceda, como ya ocurrió en La Rioja con el planteo de la CGT, habría sentencias contradictorias que deberían resolverse en instancia superior y, eventualmente, hasta podrían llegar a la Corte Suprema.
La presentación, sobre la que trabajó Fiscalía de Estado y el Ministerio de Gobierno, apunta a ratificar la vigencia del decreto bajo los argumentos de la constitucionalidad de la norma y los derechos adquiridos de las empresas promovidas.
Al frente judicial se suma la avanzada política de defensa de la promoción que tuvo el martes una fuerte expresión a través del acto del que participaron los gobernadores de San Juan, Catamarca y La Rioja. Es que, más allá de la judicialización del tema, en el Gobierno están convencidos de que la solución debe llegar por la vía política. Por eso, la apuesta es que la Nación apele de una vez el fallo mendocino y avance en la firma de los convenios de adhesión con las provincias para hacer operativo el régimen. El hecho de que La Rioja, como San Juan -con gobiernos kirchneristas- estén afectadas por la ofensiva mendocina permite al Gobierno provincial abrigar esperanzas de que la Nación defienda su decisión de otorgar la prórroga.
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