Según se planteó, la Provincia cumplió con su compromiso de alcanzar el porcentual acordado a nivel nacional de manera progresiva con la intención de “garantizar el dictado de al menos 180 días de clase preservando el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en consonancia con la Ley 26.061 la que determina la prioridad absoluta y la exigibilidad de protección jurídica cuando los derechos de los niños, niñas y adolescentes colisionen con los derechos de los adultos”

Esta postura, se sostiene, choca de frente con las extremas medidas de fuerzas adoptadas por ADEP, que pretende, de forma irracional, lograr un “blanqueo total” a partir de marzo. Este esquema, que no fue reclamado en ningún otro distrito, es contradictorio con el mismo esquema que ADEP aceptó el año pasado cuando en ocasión de tramitarse una acción judicial aceptó una estructura de pago en cuatro cuotas.

En otro tramo del documento, se denuncia también que ADEP incumplió el punto 3 de la Paritaria Nacional que establece la necesidad “de agotar todas las instancias a alcanzar acuerdos salariales en las jurisdicciones”, teniendo que ya había anunciado un paro “preventivo –al estilo de las guerras preventivas de George Bush- de 48 hs cuando las conversaciones estaban en su etapa inicial. De esta manera, se infiere una clara predisposición al conflicto producto de intereses sectoriales y partidarios.

Acciones judiciales

Por los argumentos expuestos, el Gobierno de la provincia, ante el inminente inicio del ciclo lectivo, decidió recurrir a la Justicia y presentar un recurso de amparo en defensa del Derecho a la Educación, a partir de un planteo de ilegalidad de las medidas de fuerza. En igual sentido, se dispuso el descuento de los días de paro.

De esta forma, se busca llegar a instancias de acuerdo que preserven ante todo el derecho de los niños a recibir educación.