La decisión fue anunciada por la presidenta Cristina Fernández y busca aceitar el mercado interno de cara a la crisis económica internacional. Intenta, además, compensar los aumentos de los trabajadores en blanco para sostener los indicadores sociales.
“Es para compensar lo que los trabajadores informales no tienen por las paritarias y que pierden por el movimiento de precios y también es para cubrirnos por lo que pueda provocar la crisis mundial”, reconoció a BAE una fuente oficial que conoce de cerca los fundamentos de la medida, cuya última actualización había sido en julio del 2010.
La Asignación Universal por Hijo pasó de $220 a $270, y la Asignación por Discapacidad de $880 a $1.080 por mes. La decisión alcanza a 5,5 millones de personas y significa actualizar el ingreso frente a la suba de precios.
En el caso de las Asignaciones Familiares, se incrementó en 22,7% los montos y se modificaron las escalas, subiendo el techo salarial para percibirlas en aproximadamente 10%.
Esa suba de los topes no acompaña el incremento salarial logrado en las últimas negociaciones paritarias, que se ubicaron entre el 25 y el 30 por ciento, según el gremio.
El impacto global de las mejoras es de 24.461 millones de pesos al año (desde los actuales 19.147 millones de pesos), por lo que significa una inyección de unos 8.500 millones en lo que resta de 2011.
En el caso de la AUH, el incremento anual es de 2.189 millones pesos a 11.824 millones por año.
Para las Asignaciones Familiares , la modificación del monto y los topes incrementa la inversión social en 3.125 millones de pesos, elevando el monto anual a 12.637 millones.
El incremento del gaso social se suma al aumento de las jubilaciones del 16,8% otorgado en agosto, que se aplica desde este mes, y alcanza a 6.826.000 de beneficiarios. Significa volcar unos $20.000 millones más por año al mercado interno, al elevar la jubilación mínima de $1.227,78 a $1.434,29.
Cristina afirmó que las mejoras vienen a “cumplimentar una política que constituye uno de los objetivos fundamentales del modelo que comenzó en 2003: la inclusión social”.
La Presidenta destacó que la AUH constituye “el programa social más importante que se conoce a nivel global en términos de participacion del PBI, que además logró transparencia y llegada que, además de eliminar políticas clientelares, también puede existir simultáneamente con el sistema de trabajo registrado”, al hacer el anuncio en la Casa de Gobierno.
El impacto. Los economistas José Luís Díaz Pérez (ex subsecretario de Industria), Fausto Spotorno (estudio Orlando Ferreres) y Andrés Asiain (Cátedra Arturo Jauretche) coincidieron en la necesidad de “compensar la evolución de precios y mantener el poder adquisitivo” de la asignación. “Por eso no creo que reduzca ni incremente el impacto inicial sobre la pobreza y la indigencia, sino que lo mantendrá”, señaló Asiain.
“La actualizacion va a significar un incremento en el poder de compra en un momento en que se pueden evidenciar algunos efectos de la crisis internacional y es una medida anticíclica que repite un poco la experiencia del inicio de la crisis en 2008”, agregó.
Según los últimos análisis realizados por el Gobierno, la pobreza en los menores de 18 años bajó 4,4 puntos porcentuales, al pasar del 23,3 % al 18,9%; y la indigencia descendió, en el mismo segmento, 3,2 puntos al moverse del 6,6% al 3,4 por ciento.
Spotorno marcó que “algunos datos comenzaron mostrar descenso del consumo en julio, en supermercados y shopping”, aunque dijo que no podía prever si eso se convertiría en una tendencia pero que el Gobierno tenía necesidad de “fortalecer el consumo”. También asoció la medida a “una decisión electoral”.
Díaz Pérez indicó que hubo un freno en el consumo y que julio tuvo “un nivel de crecimiento más bajo que los meses anteriores”, pero aclaró que eso tampoco implicaba una desaceleración. “Lo que sí es seguro que el incremento de la demanda de dólares del mercado minorista habla de pesos que no se vuelcan al consumo”, agregó el ex funcionario.
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