Fue por instrucción del gobernador Alberto Weretilneck al ministro de Gobierno, Hugo Lastra. La defensora del Pueblo, Nadina Díaz, a partir de la denuncia de torturas a un joven en una comisaría de Luis Beltrán, reveló días atrás que había unos 98 expedientes de este tipo.

Hay que recordar que la defensora del Pueblo, Nadina Díaz, remitió pedidos de informes a las Fiscalías 1 y 2 de Choele Choel sobre unos 98 expedientes judiciales sobre denuncias de apremios ilegales por parte de personal policial de las comisarías de la región. Dijo a la agencia APP que los expedientes “están parados”.

Señaló Nadina Díaz que además “de los dos hechos de supuestos apremios ilegales que investiga la defensoría, acaecidos en Luis Beltrá, me han acercado 98 denuncias más, que habían sido presentadas ante la justicia en Choele Choel, sobre apremios ilegales”.

Indicó que a pesar de los pedidos “de pronto despacho para acelerar los expedientes, en algunos casos hasta tres veces, nunca recibieron respuesta alguna; esto significa que los expedientesn están parados”.

Afirmó a la agencia APP que la situación “es escalofriante y merece la delicadeza y la responsabilidad del caso para informar lo que está sucediendo en el Valle Medio; esto es lo que queremos confirmar con los pedidos de informes”.

En este marco se difundió ayer un comunicado oficial que señala que ante una Auditoría realizada en el Juzgado de Instrucción Nº 30 de la ciudad de Choele Choel, de la que surge una importante cantidad de causas vinculadas a conductas tipificadas por el artículo 144 bis del Código Penal, en las que resultaría implicado personal policial de la Provincia, el gobernador Alberto Weretilneck instruyó al ministro de Gobierno, Hugo Lastra, para que se conforme una Comisión de Evaluación y Seguimiento de los expedientes.

Precisamente el ministro Lastra se reunió con la defensora Nadina Díaz.

La Comisión creada en la órbita de la Secretaría de Seguridad y Justicia, estará integrada por un representante de esa Secretaría, que la presidirá; un representante de la Secretaría de Derechos Humanos, y un representante del Comité Provincial de Evaluación de Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y contará con un plazo de sesenta días a los fines de producir un informe aconsejando las medidas a adoptar en cada uno de los casos.

De esta manera, el Poder Ejecutivo instruyó al Secretario de Seguridad, a través del Ministerio de Gobierno, que se aboque de manera inmediata a la revisión y evaluación de los casos que salieron a la luz con motivo de la auditoría que el Poder Judicial realizara sobre el Juzgado de Instrucción Nº 30 de Choele Choel.

En ese marco, y habiéndose relevado más de 60 causas tipificadas en el artículo 144 bis del Código Penal (que vincularían como presuntos autores a agentes de la Policía Provincial), se resolvió iniciar de manera inmediata la conformación de una entidad colegiada que tendrá por objeto llevar adelante el relevamiento de estas causas y sugerir medidas a adoptar a la finalización de un plazo perentorio.

De esta manera se revierte la falta de voluntad política de las anteriores administraciones, en procura de advertir y corregir conductas disvaliosas que encuentran como parte a la Policía de Río Negro.

La actual gestión de Gobierno enfrenta la situación revelada a partir de la auditoría realizada por el Poder Judicial, iniciando un proceso que dé debidas garantías a los agentes que se encuentran comprendidos dentro de esas denuncias, pero que al mismo tiempo, sepa dar respuestas a la sociedad que indudablemente mantiene quejas para con el funcionamiento de la policía de Río Negro.

El Poder Ejecutivo decide romper una cadena de años de impunidad y de silencio, para echar luz dando el derecho de debida defensa de los policías.