Hasta el 1 de mayo, el plan consistía en la "expropiación" de inmuebles rurales abandonados. Sin embargo, el proyecto que anunció con bombos y platillos el gobernador, Francisco Pérez, en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, es retocado por el equipo de abogados comandado por el secretario Legal y Técnico, Francisco García.

En principio, ya no se hablará de "expropiación" sino de "recuperación" de tierras improductivas, entendiéndose como motivo de "improductividad" la falta de pago de impuestos vinculados a la producción de estos inmuebles.

"El término era muy fuerte desde lo conceptual", aseguró el subsecretario de Agricultura, Cristian Correas, quien también avanza junto al ministro de Agroindustria, Marcelo Barg, en los retoques finales. El proyecto fue remitido hace tiempo por el titular de Irrigación, José Luis Álvarez, contemplando como marco legal la declaración de esas hectáreas como "de utilidad pública" y la posterior indemnización.

En cuanto a los criterios de selección se tomaban aquellos inmuebles que tuvieran por lo menos 10 años de deuda con el Departamento General de Irrigación y que la superficie no fuera menor a las diez hectáreas. Además, la deuda debía ser mayor al avalúo fiscal.

Sin embargo, los asesores del Gobernador reconocieron: "Es un tema delicado, sobre todo por las posibles limitaciones que surgen del Código Civil". Así, la denominación de "utilidad pública" no se presenta hoy como la única alternativa para acceder a esas tierras. También se está contemplando el modelo de recuperación de fábricas. Esto es cuando los trabajadores se hacen cargo porque los propietarios dejan de pagar sueldos o abandonan el establecimiento por falta de rentabilidad.

Las otras carátulas que maneja el Gobierno dentro del terreno del derecho privado para recuperar y luego explotar las hectáreas improductivas, es la de "usufructo", una especie de desmembración temporal del dominio; pues mientras una persona, el usufructuario, obtiene las utilidades de alguna cosa, el dueño conserva la propiedad, pero sin poder usar ni gozar de lo suyo. La otra que se está barajando es la de "comodato", es decir, la idea de un contrato por el cual una parte entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o bien raíz, para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso.

"Se está buscando la figura legal", explicaron los asesores de Pérez quienes, además, confirmaron que en unos 20 días el proyecto de ley será enviado a la Legislatura.

Además, está la posibilidad de conformar un banco de tierras improductivas. Actualmente, Mendoza tiene 16 mil hectáreas en condiciones de "abandono" (sobre todo en Lavalle) y por eso, según explicó Correa, "la mayoría no tienen propietario". Por eso, la idea es conformar un banco que las concentre o administre aunque no sea obligación cambiar de propietarios. "No es la intención generar nuevos propietarios, salvo cuando así lo amerite", sostuvo Correas.

En el caso de que se inicie el proceso de recuperación, las tierras comenzarán la fase de viabilizarlas. Para ello podrán ser entregadas a contratistas, agricultores o asociados en cooperativas y hasta a jóvenes de las 62 escuelas agrícolas que existen en la provincia. El objetivo es que "no se declare inconstitucional" la ley, aseguraron los abogados del cuarto piso.

El primer planteo que fue "desinflando" el proyecto original de expropiar las propiedades improductivas que mantuvieran deudas con Irrigación durante 10 años o más, fue la existencia de la Ley 6.553 que modificó el Código Fiscal de la provincia y determinó que las deudas con el fisco prescriben a los cinco años. En base a esta ley, se ha producido jurisprudencia de la Suprema Corte mendocina y hasta una resolución del Departamento General de Irrigación que hacen prescribir las deudas en un lustro. La postura oficial es que "las intimaciones a los deudores ya habían comenzado su proceso".

Así, los cuestionamientos legales que empezaron a escucharse después del anuncio de Pérez cambiaron el espíritu del proyecto por lo que, ahora, no sólo se abandonó el término "expropiación" sino que se flexibilizó al hablar de "recuperación". La pretensión del Ejecutivo es no tener obstáculos constitucionales durante la discusión de la ley y después de aplicada.