Sabido es que las últimas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia no fueron recibidas con beneplácito en la Casa Rosada. Si el freno a la elección popular en el Consejo de la Magistratura más los continuos cruces con la Procuración General habían generado malestar en el Gobierno, el combo de decisiones contrarias a los intereses del oficialismo que el máximo tribunal tomó el miércoles terminó de darle forma al enojo. Quizás por eso desde la Jefatura de Gabinete están dilatando el giro de los fondos al Palacio de Tribunales para hacer efectivo el aumento del 10%, remunerativo y bonificable, en los sueldos de todos los empleados del Poder Judicial a partir del 1º de julio. En la Corte, hasta anoche, no había novedades al respecto, y se comenzaba a especular con la posibilidad de cubrir el incremento salarial con dinero del fondo anticíclico creado en 2008.

El primer día de agosto la Corte, a través del Centro de Información Judicial, informó que solicitó la modificación de partidas presupuestarias a la Jefatura de Gabinete para otorgar el aumento de salario. Fue el segundo pedido que la Corte realizó en el año, luego de que en mayo desde el Ejecutivo le autorizaran un incremento del 10%. Aquella negociación, como otras dos que se produjeron en los últimos doce meses, se realizó sin grandes dilaciones. Esta vez, en cambio, más de 20 días después del pedido, desde Gabinete no hubo respuesta.

Con un presupuesto anual de 7.126 millones de pesos y 23.262 empleados bajo su órbita, el Poder Judicial dispone de $ 6.274 millones para cubrir los gastos en el personal. De acuerdo a esas cifras, si bien no fue confirmado, el aumento se absorbe con unos $ 600 millones.

Consultado por El Cronista, el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, reconoció que existe inquietud en el sector por saber si habrá una pronta resolución. “La semana que viene vamos a tener una reunión en la Corte para saber si se giraron los fondos o si serán ellos los que se hacen cargo de pagar el aumento”, dijo Piumato, que ayer fue uno de los participantes del acto por los 18 meses de la Tragedia de Once (ver página 10).

La chance de que la Corte se encargue de pagar el aumento existe. Si bien desde el máximo tribunal reiteraron que esperan que la Jefatura de Gabinete envíe el dinero, reconocieron la existencia de un fondo anticíclico que se puede utilizar para afrontar crisis económicas. Creado en noviembre de 2008 y con una caja inicial de $ 500 millones, de acuerdo a un informe de marzo pasado, esa suma ascendió a $ 1.300 millones. De acuerdo a su concepción original, se trata de activos financieros que pueden ser invertidos en colocaciones a plazo en entidades bancarias oficiales, hasta el 50% en moneda extranjera. En mayo, por ejemplo, la Corte transfirió desde allí $ 128.750.265 al Consejo de la Magistratura para que pudiera afrontar los sueldos de sus empleados.

Así, el escenario anticipa un nuevo encontronazo entre la Corte y el Gobierno, siempre y cuando el dinero no llegue en las próximas horas al cuarto piso de Tribunales. Parece un tema menor comparado con otros de una agenda judicial que está en pleno desarrollo, pero en el Gobierno saben que al menos puede servir como un pase de facturas por los fallos de los últimos meses, que causaron inoportunos dolores de cabeza.