Desde hace meses el Gobierno con deliberada lentitud comenzó a esclarecer en la conciencia ciudadana que deberá avanzarse sobre una reestructuración de precios y tarifas que se pagan en diferentes servicios públicos, a fin de reducir los subsidios comprometidos.

Ello no significa que no vayan a preservarse los beneficios que tienen los sectores sociales más desfavorecidos, especialmente en el sector del transporte porque los subsidios pueden interpretarse a juicio del secretario de Estado de esa área, Juan Pablo Schiavi, como una forma de preservación del empleo.

Hace una semana en otro acto oficial del sector energético se supo que Edenor y Edesur tienen definido los usuarios que se beneficiarán con “tarifas sociales” mientras que, en un plazo de tres a cinco años, se avanzará en etapas progresivas hacia la reducción de los subsidios que gozan desde hace ocho años miles de clientes de esas distribuidoras, que no pueden juzgarse como usuarios de bajos recursos.

Un funcionario del área energética advirtió que ahora se pedirá a las eléctricas del interior identificar los clientes que se verán marginados de padecer subas de tarifas. Con todo ese paquete de información clave se le presentará a la Jefa del Estado un menú de opciones para que adopte las decisiones que estime política y económicamente más convenientes.

En lo que puede valorarse como un concepción anticipatoria de un segmento de “tarifas sociales” ayer, el titular de Transporte calificó como una “mentira” que el Gobierno estudie aplicar un “tarifazo” en los medios del transporte público y juzgó afirmaciones vertidas por un delegado gremial del subterráneo porteño como carentes de sentido.

En cambio, admitió que el Gobierno buscará “poner más equidad en el sistema”, que no distingue entre personas de escasos recursos y de alto poder adquisitivo.

El titular de Transporte comentó tiempo atrás que los subsidios de explotación podían valorarse como una forma de “fomento al empleo”, concepto que es completamente válido hasta en el universo de los usuarios de ingresos medios-bajos.

Uno de los medios de transporte cuyo crecimiento de los costos de explotación obligó a derivar un monto cada día mayor de recursos para afrontar erogaciones ordinarios en lugar de inversiones son los subtes.

Schiavi aclaró que “el 11% de los pasajeros del subte no está en condiciones de que se le modifique la tarifa y para algunos de ellos hasta tendríamos que cobrarla más barato. En cambio, para el 89% [restante] la tarifa del subte es absolutamente marginal, al extremo que en algunos casos representa el 2% de los ingresos familiares” de sectores medios y altos.

Como los subsidios siempre los termina soportando todo el conjunto de la comunidad, el funcionario dijo que “tenemos claro que el Estado son todos los argentinos, los que tienen y los que no tienen. Pero aspiramos a que la persona que no tiene recursos tenga un código de subsidios determinados y que la persona que tiene recursos tenga otro código” en las tarjetas del SUBE, enfatizó el secretario.

De esa forma “vamos a empezar a poner más equidad en el sistema. Hay trabajadores que toman cuatro medios de transporte públicos para trabajar y el sistema les cobra individualmente los cuatro medios, lo que definió como poco lógico.

Entonces, “uno puede hacer integración tarifaria a través del SUBE y quizás cobrar un sólo tramo, o dos e ir poniendo más equidad en el sistema y, por eso, somos obsesivos con el SUBE y no vamos a permitir ningún tipo de locura.