En el texto la Mandataria ratificó que "la conducción del Organismo de la Seguridad Social Provincial está en manos de los trabajadores activos y pasivos, y por lo tanto a juicio de este gobierno, es su Directorio quien debe proponer las condiciones en las cuales debe accederse a esta asistencia, no pudiendo en modo alguno hacerlo el Gobierno desoyendo la opinión de sus directores".

En el requerimiento original presentado por la Gobernadora al ANSES, se hace mención a la política nacional implementada a fines de los años 70 para promover el régimen industrial en Tierra del Fuego por una cuestión geopolítica; se recalca especialmente el alto crecimiento demográfico que tuvo la provincia, que pasó según datos del INDEC de los 15 mil habitantes a los 130 mil, con una migración interna que trajo también serias complicaciones a la caja de previsión producto de los regímenes vigentes.

También se recuerda que en 1992, el Gobierno provincial autorizó al Estado Nacional "a retener un 15% de la masa de impuestos coparticipables prevista en el artículo 2do de la ley 23.548 y normas complementarias y modificatorias vigentes, con el objeto de atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resultasen necesarios".

En ese contexto, es que se solicitó la asistencia financiera a la Nación del orden de los 50 millones de pesos, tendientes a cubrir parte del déficit previsional para el presente ejercicio.