El gobierno del presidente Evo Morales y la Corte Suprema de Justicia abrieron un nuevo foco de conflicto en Bolivia, tras el anuncio del gobierno de enjuiciar a sus jueces por cambiar de jurisdicción un caso referido a un presunto grupo secesionista de mercenarios europeos.
La Corte argumentó que la judicatura de Santa Cruz es la que debe tramitar la causa, porque sus jueces fueron los primeros en conocer el conjunto de hechos, como atentados dinamiteros que les son atribuidos a los miembros del grupo armado, desarticulado a tiros en abril pasado. En Santa Cruz habita la oposición política más dura contra Evo Morales.
Pero ayer el Poder Ejecutivo recordó que jueces de La Paz también abrieron una investigación sobre el caso, porque ahí se sentaron las denuncias contra la célula liderada por el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, baleado por la Policía junto a dos compañeros de origen europeo en un hotel cruceño.
"El Gobierno lamenta y rechaza vehementemente esta decisión que ha asumido la Corte. Los 7 ministros que votaron tienen que saber que va a haber un juicio de responsabilidades por prevaricato", anunció el viceministro de Coordinación, Wilfredo Chávez. Prevaricación es dictar una sentencia a sabiendas de que es injusta.
El vicepresidente Alvaro García Linera manifestó a su vez "sorpresa e indignación" por lo que consideró un "atropello a la legalidad".
El gobierno duda de la justicia de Santa Cruz, pues teme que sus jueces diluyan la investigación que -de acuerdo al oficialismo- prueba la relación de ricos empresarios de derecha de este departamento con el grupo de mercenarios bolivianos, croatas, irlandeses y húngaros.
El Gobierno afirma que fueron precisamente miembros de esa élite empresarial quienes financiaron al grupo de Rózsa Flores.
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