El gobernador Juan Manuel Urtubey entendió que Salta no tiene acción jurisdiccional para actuar sobre situaciones que involucran a campesinos santiagueños.
En esas tierras fue donde la semana pasada asesinaron a Miguel Galván, homicidio que se sospecha es consecuencia de los enfrentamientos que se habían generado en la zona por la disputa de tierras.
Pese a las explicaciones del gobernador, los jueces que se hacen cargo por una causa por tentativa de homicidio de Sixto Ruiz, y por el homicidio de Galván, son los jueces penales de Metán. Tres meses antes del asesinato de Galván, Ruiz había sido baleado por guardias contratados por empresas que quieren las tierras para grandes producciones agropecuarias.
La balacera también había sido en las tierras que se encuentran sin regularizar en Salta porque los papeles que debían pasar desde Santiago no llegaron. Ante este hecho, primero en tierras salteñas, miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), y del Movimiento Campesino Nacional Indígena (MCNI), se habían reunido con funcionarios provinciales en el centro cívico Grand Bourg. Advirtieron que por estas situaciones podía llegar a haber un muerto en cualquier momento. Los funcionarios se comprometieron ir hasta la zona para poder al menos observar y cerciorarse de la situación. Pero nada pasó y a los tres meses de esa visita, Galván murió asesinado en territorio salteño.
El lunes, en tanto, se conocía la muerte de otro campesino en zonas aledañas a La Choya y El Simbol o El Simbolar (donde ocurrieron los delitos), pero esta vez en tierra santiagueña. Allí, en el paraje Ahí Veremos, se asesinó a Cristina Argañaraz, en cuyo homicidio habrían actuado cuatro personas que serían oriundas de Tucumán. Desde hace un tiempo, incluso desde antes de la muerte de Cristian Ferreyra, los campesinos santiagueños denuncian la existencia de bandas armadas que son contratadas por los empresarios agrícolas para que se “desocupen” los campos pretendidos por estos empresarios.
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