La gobernadora Fabiana Ríos rubricó el viernes el decreto N°723/09 que instaura un inédito sistema de control ciudadano cuya aplicación será previa al nombramiento de los magistrados en sus respectivos puestos. La medida establece que antes de expedirse de manera fundada sobre la designación o no del candidato seleccionado por el Consejo, el Poder Ejecutivo Provincial deberá realizar una audiencia pública, publicar los antecedentes curriculares del postulante, recibir objeciones por escrito y recabar información impositiva. Hasta el momento, el Gobierno sólo actuaba para convalidar el proceso de selección realizado por el Consejo. Sin embargo, en virtud de los conocidos cuestionamientos a la metodología utilizada por el organismo constitucional, la gestión de la gobernadora Ríos resolvió reglamentar la facultad de designación que le atribuye el artículo 135 inciso 6 de la Constitución, creando este procedimiento complementario que busca dotar de mayor transparencia al sistema en su conjunto.

El artículo 2 del decreto 723 dispone que la propuesta de candidatos a jueces será sometida a "un procedimiento de consulta ciudadana, la que será abierta a la ciudadanía en general, a las organizaciones no gubernamentales, a los colegios y asociaciones profesionales y a las restantes entidades académicas, de derechos humanos o de similar índole cuya actividad guarde relación con la materia objeto de la consulta". Además, el nombre del postulante y sus antecedentes curriculares será publicado en el Boletín Oficial, en el sitio web oficial del Gobierno y durante tres días en al menos dos diarios provinciales. Los ciudadanos y organizaciones podrán también "en el plazo de 15 días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial" presentar por escrito ante el Ministerio de Gobierno, "apreciaciones, observaciones y circunstancias que estimen de interés expresar respecto de los candidatos propuestos", mientras que el Poder Ejecutivo podrá requerir opinión por su cuenta a "organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos, a los fines de su valoración". Por medio del artículo 6 del decreto, "se recabará de la Dirección General de Rentas y de la AFIP, preservando el secreto fiscal, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas". El Gobierno tendrá luego 15 días a contar desde el vencimiento de la presentación de las observaciones, para disponer de manera fundada "sobre la designación o no del candidato propuesto".