En las góndolas de los supermercados locales se puede advertir que los productos de la firma La Anónima y Carreofur son más baratos que cualquier otro similar de otras marcas. De esta manera cichas empresas siguen manipulando el precio de los productos dado que el suyo es el más barato del mercado.

Desde el Gobierno de la provincia, sin embargo, parecen no advertir estas y tantas otras situaciones que se observan en los comercios locales dónde, por ejemplo, un electrrodoméstico sale más económico en la sucursal de Garbarino en Belgrano Norte que en Enjoy de Río Grande.

Ayer, como una verdadera tomada de pelo a toda estas situaciones que padecen los fueguinos, el Gobierno salió a recomendar que sean los consumidores los que “deben hacer respetar sus derechos”, sin embargo la responsable de la Dirección de Control y Evaluación de Precios no hace ninguna referencia a los precios sino a los “productos o servicios deficientes” que ofrecerían algunas empresas.

Quizás haya que concluir que al gobierno también le favorece la sobrefacturación o la omisión de la exensión impositiva dado que eso le permite una mayor recaudación, o simplemente, que le importa un comino los consumidores de Tierra del Fuego.

Sin embargo hay que sumar, como agravante para el gobierno, que en el transcurso de este año se aprobó, por parte de la Legislatura la Ley contra este tipo de conductas y se debería haber creado un área específica para llevar adelante los controles correspodientes.

La gacetilla Oficial

Ante las numerosas consultas de usuarios que ingresan a la Dirección de Control y Evaluación de Precios, sobre cómo y cuáles son los pasos a seguir para elevar una denuncia contra empresas que ofrecen productos o servicios deficientes, desde el área gubernamental señalaron que lo primordial es tener acceso al “derecho a la información”.

Para ello, a través de folletería informativa, la Dirección trata de educar a diario a todos los consumidores de productos y servicios de la ciudad, instruyéndolos para que conozcan cuáles son sus derechos y sepan cómo deben actuar al momento de radicar una denuncia.

En ese sentido, la responsable del área, Claudia Andrade, puntualizó que el consumidor tiene derecho a ser informado en forma cierta, clara y detallada, pero sobre todo debe conocer bien las condiciones de comercialización.

La funcionaria explicó que antes de adquirir un producto, los usuarios deben solicitar al comerciante toda la información necesaria para poder evaluar y comparar, destacándose la calidad, el precio y las condiciones del servicio o producto.

Para el caso de los productos de consumo alimenticio, Andrade aseguró que los envases deben poseer etiquetas en las que se lea la fecha de elaboración y vencimiento.

Además, la funcionaria señaló que los usuarios deben exigir al vendedor la entrega del “manual de uso del producto”, en la que debe consignar el sistema de pago; intereses o recargos en las compras con tarjeta de crédito.

En ese orden, la funcionaria indicó que los productos y servicios riesgosos deben llevar un manual en idioma nacional sobre su uso y mantenimiento, brindando asesoramiento adecuado.

Andrade manifestó, no obstante, que si un usuario llegase a comprar un producto en mal estado, lo primero que debe hacer es informar a las autoridades de la empresa donde le vendieron el producto, explicando que si el consumidor sufre un daño como consecuencia de la fallas de un producto o de la prestación de un servicio, el responsable es el proveedor.

Derecho a la protección de los intereses económicos

La titular del área, que depende de la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal, subrayó que el derecho a la protección de los intereses económicos incluye la garantía de los productos, es decir que al adquirir productos durables como electrodomésticos; muebles o indumentaria “el consumidor goza de una garantía obligatoria prevista por la ley, denominada garantía legal, que cubre cualquier defecto que impida que el producto funcione normalmente”.

Pero existen dos diferenciaciones: por un lado se encuentra la vigencia del plazo de garantía legal, que tiene vigencia por seis meses en caso de adquisición de cosas nuevas y de tres meses en el caso de cosas usadas; en segundo lugar existe la garantía contractual, donde el producto puede tener una garantía voluntaria que la otorga el fabricante o vendedor de producto. Esa garantía puede fijar ciertas condiciones y limitaciones por lo cual recomiendan leer las clausulas atentamente, explicó.

En ese sentido, Andrade advirtió que si el producto requiere reparaciones, hay que tener en cuenta que el transporte al taller o fábrica, deberá ser realizado por el responsable de la garantía”.

Además, sostuvo que si la reparación del producto no se realizó en condiciones óptimas, el consumidor puede exigir al vendedor que le cambien el producto por uno igual y en buen estado; devolver el producto en el estado en que se encuentre a cambio de la devolución del dinero o se puede obtener una reducción proporcional del precio; así como se puede solicitar la reparación de los daños causados al consumidor por este hecho.

Por último, la Directora de Control y Evaluación de Precios acentuó la importancia de guardar siempre los comprobantes de compra, ya que es el único documento que acredita la relación de consumo con la empresa o comercio.