El municipio acaba de inaugurar una oficina de Derechos Humanos. Fue en ocasión de la firma de un convenio de “fortalecimiento institucional” con la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Del acto participaron la secretaria Sara Derotier de Corbacho y el subsecretario Fernando Cano.
Baquero se desempeñaba hasta ahora como director de Juventud, un cargo en el que pasó completamente inadvertido. Más allá de su participación personal en seminarios o mesas provinciales de juventud, no se conoce que en lo que va de gestión se haya llevado a la práctica alguna iniciativa concreta en la materia, exceptuando algún recital o evento para niños.
Es un tema delicado el de los Derechos Humanos. Lo ha sido siempre y lo es fundamentalmente ahora, que un sector político pretende apropiarse del sentido de la lucha por la reivindicación de los derechos del hombre, y hasta cambiar el sentido mismo de esa lucha.
En el marco del acto, Arrieta llamó a “no olvidar el pasado”, y “tener memoria para no repetir errores”. Es una buena síntesis de la mirada que el oficialismo tiene sobre los Derechos Humanos, solamente circunscripta a lo que pasó a fines de la década del setenta.
Es una mirada que el peronismo adoptó recién en los últimos seis años. A excepción de algunos sectores minoritarios (y por supuesto, especialmente León Arslanián, uno de los protagonistas del histórico Juicio a las Juntas) el peronismo estuvo cuanto menos ajeno a esa lucha. Luder había adelantado antes de las elecciones de 1983 que iba a convalidar en caso de ser presidente la autoamnistía decretada por Bignone. Tiempo después el presidente justicialista Carlos Menem indultó a casi 40 militares que estaban presos, entre ellos los miembros de las cúpulas del Proceso, y prácticamente nadie se lo objetó desde su partido.
Con Kirchner –enhorabuena- el justicialismo tomó otro rumbo en materia de DDHH. Pero lamentablemente, como en casi todo lo demás, el oficialismo pretende ahora ser el protagonista único. Se relativiza entonces el valor del Juicio a las Juntas, un hecho que debería llenarnos de orgullo: fuimos el primer y único país en la historia de la humanidad que tras una dictadura enjuició y castigó a los culpables de los crímenes cometidos desde el estado. A diferencia de Nuremberg, no fue un ejército vencedor juzgando al vencido, sino las instituciones de la democracia juzgando y encarcelando a los militares por delitos comunes.
Ahora, la historia se reescribe. El jefe de Gabiente Aníbal Fernández tiene el tupé de cuestionar al fiscal Strasera, aquel cuyo cierre de alegato en el juicio citando el título del informe de la CONADEP hizo y hace todavía emocionar a millones de argentinos.
Y hablando del Nunca Más, recientemente el gobierno ha decidido reescribir el Prólogo (sí, leyó bien) que en su momento escribió Ernesto Sábato, e incluir en la lista de víctimas a las “ejecución sumaria”, sumando más de 500 nuevos nombres, entre ellos guerrilleros muertos mucho antes de 1976, como los montoneros responsables por el ataque a un cuartel en Formosa en 1975 (durante el gobierno de Isabel Perón, donde murieron 10 jóvenes conscriptos) y al propio Fernando Abal Medina, muerto en 1970 en un enfrentamiento armado con la policía. En estos como en otros casos, no se trata de víctimas de ejecuciones sumarias privados de derechos, sino de muertos en enfrentamientos armados provocados incluso por ellos mismos.
Se sabe ahora que –merced a estas modificaciones- los familiares de los guerrilleros que atacaron y mataron a los conscriptos en Formosa pudieron cobrar más de 600 mil pesos cada uno, mientras que las familias de los soldaditos asesinados durante un gobierno constitucional están en la más absoluta pobreza.
Es –cuanto menos- una visión parcial, sesgada y discutible de lo que son los Derechos Humanos.
Pero los DDHH no se circunscriben sólo a lo que pasó durante la última dictadura. Esta bien, como dice el intendente, “no olvidar el pasado” (que no es lo mismo que reescribirlo). Pero el presente debería contar también.
Sin ir más lejos, hay en Cañuelas vecinos con Derechos Humanos vulnerados. Aunque sería injusto responsabilizar a este gobierno por ello, igualmente hay que mencionar que existen ciudadanos sin derecho a la vivienda, sin derecho a la educación o la salud (pienso por ejemplo en los que viven en zonas rurales intransitables, completamente olvidados, que cuando llueven no pueden recibir atención médica ni concurrir a la escuela), sin acceso al agua potable, etc.
Hay también serias observaciones para hacer en cuanto respecta al trato que reciben algunos medios, como éste. Ataques, descalificaciones, pero también trabas e impedimentos para acceder a la información oficial, y discriminación a la hora de distribuir la publicidad oficial, son algunos de los casos de censura indirecta que condicionan la libertad de expresión, que es también un Derecho Humano.
Diego Baquero debería comprender estos temas. Es un muchacho que viene de la rama de la comunicación. Incluso además de ser funcionario tiene algunas participaciones en medios de prensa. Claro que no se trata de medios demasiado independientes, ni que tienen problemas para acceder a las pautas oficiales, sino más bien todo lo contrario. Pero de todos modos se supone que un periodista debería por lógica estar a favor de la libertad y contra las presiones de ningún tipo.
Es un tema complicado y sensible el de los Derechos Humanos. Es para celebrar que el gobierno municipal haya decidido volver a apostar por el tema (la primera directora del área, María Luján Ramos, renunció a poco de asumir y nunca fue reemplazada) y ojalá que la mencionada Dirección sea un espacio democrático y abierto para recibir inquietudes y reclamos de todos los vecinos de Cañuelas, y no sólo una mera repetidora de las líneas –muchas veces falaces- que “baja” el oficialismo nacional.



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